Talibanes negaron el secuestro de un exministro afgano-estadounidense reclamado por EE.UU.
La negativa de los talibanes contrasta con los numerosos informes de organizaciones de derechos humanos.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images / themotioncloud
El régimen talibán de Afganistán negó este jueves 3 de julio su implicación en la desaparición del exministro afgano-estadounidense Mahmood Shah Habibi, calificando de “infundadas” las acusaciones de Estados Unidos, que la semana pasada ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre su paradero.
“El Emirato Islámico de Afganistán rechaza categóricamente las acusaciones hechas por los Estados Unidos de América”, afirmó el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en un comunicado en la red social X.
Mujahid aseguró que se realizó una investigación interna tras la petición de la familia de Habibi sin encontrar pruebas de una detención por parte de los talibanes.
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“No se ha descubierto ninguna prueba que indique que haya sido detenido por alguna entidad afiliada al Emirato Islámico”, enfatizó el portavoz.
La confrontación diplomática se desató el pasado 24 de junio, cuando el programa ‘Recompensas por la Justicia’ del Departamento de Estado de EE.UU. acusó directamente a la Dirección General de Inteligencia (GDI) de los talibanes de haber secuestrado a Habibi en Kabul el 10 de agosto de 2022.
Habibi, quien tiene doble nacionalidad, fue una figura prominente en el anterior gobierno afgano, donde sirvió como ministro de Aviación Civil y Transporte. En el momento de su desaparición trabajaba como consultor para una firma de telecomunicaciones en la capital afgana.
Mujahid insistió en que sus servicios de inteligencia operan bajo la ley islámica y no tienen “ninguna razón para detener u ocultar” a sospechosos, y citó casos anteriores con ciudadanos estadounidenses que, según él, se manejaron con transparencia.
La negativa de los talibanes, sin embargo, contrasta con los numerosos informes de organizaciones de derechos humanos.
Tanto la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) como Amnistía Internacional han documentado un patrón de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias desde la toma del poder de los talibanes en 2021, cuyos objetivos suelen ser exfuncionarios del gobierno anterior, activistas y periodistas.
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