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Tribunal tumba proceso contra exfiscal Angélica Monsalve por “carrusel de vehículos blindados”

La magistratura consideró que la Fiscalía no logró presentar hechos jurídicamente relevantes que vincularan a la exfuncionaria con el señalado escándalo de corrupción.

Fiscal angélica Monsalve imputó cargos a los empresarios Ríos Velilla por presunta corrupción en contratación. / Foto: cortesía

Fiscal angélica Monsalve imputó cargos a los empresarios Ríos Velilla por presunta corrupción en contratación. / Foto: cortesía

El Tribunal Superior de Bogotá “tumbó” el proceso contra la exfiscal Angélica Monsalve en el cual es sindicada de supuestamente pedir sobornos para archivar una investigación por el llamado “carrusel de vehículos blindados” de la UNP.

La magistratura, que había sido convocada inicialmente a recibir la acusación contra Monsalve Gaviria, culminó decretando la nulidad de la imputación de cargos y devolviendo el caso a la Fiscalía, al concluir que carece de hechos claros que comprometan penalmente a la exfiscal con el escándalo.

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Al profundizar en dicho punto, el tribunal señaló que no se demostró la eventual intervención directa o indirecta de la exfiscal, y en cambio se enfatizó en su calidad de servidora pública en el momento y su vínculo “académico” con el abogado Jimmy Forero -supuesto intermediario de Monsalve con el señor Martín Manjarrés para el señalado soborno-, mas no exponiendo algún nexo ilegal, lo cual resta cualquier relevancia penal a lo acusado.

Cabe recordar que Manjarrés es la persona a la que supuestamente Angélica Monsalve le habría pedido 600 millones de pesos para archivar la investigación en su contra por dicho carrusel.

En criterio de la Sala Penal del Tribunal, la intención de captura de Manjarrés y el ofrecimiento de un principio de oportunidad por parte de Monsalve al procesado no representan una vinculación a la exfiscal con hechos de corrupción ni suplen la “ausencia de prueba”.

La decisión fue apelada por el representante de víctimas, Marlon Díaz, así como por la Procuraduría, por ende, la última palabra estará en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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