Fiscalía pidió medida de aseguramiento en cárcel para César Manrique por escándalo en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la jueza 66 de control de garantías de Bogotá imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, por su presunta participación en el desfalco de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante la diligencia judicial, la fiscalía expuso que Manrique habría participado en una organización criminal estructurada al interior de la UNGRD, dirigida por Olmedo López, y que tenía como objetivo apropiarse de recursos públicos mediante la falsificación de documentos y el direccionamiento de millonarios contratos.

Según el fiscal del caso, Manrique habría gestionado y facilitado la entrega de $100.000 millones provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo. A cambio, exigió el direccionamiento de los contratos derivados de esos recursos y una coima del 7%, que se tradujo en $3.000 millones entregados por la contratación de carrotanques en La Guajira.

La Fiscalía lo acusa de haber intervenido de forma directa en el direccionamiento del contrato para la compra de 35 carrotanques, falsificando documentos públicos con los que se certificó —sin que fuera cierto— la entrega y recepción de los vehículos. Estos documentos sirvieron como soporte para ordenar pagos por más de $25.000 millones a la Corporación Mixta Integral Yapurutú, pese a que las entregas de los vehículos ocurrieron tres meses después, cuando ya se habían girado los recursos.

Además de la falsedad documental, el ente acusador imputó a Manrique y otros procesados delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. En el caso del exdirector de Función Pública, la solicitud de medida de aseguramiento se basa en nueve delitos graves.

La fiscalía argumentó que los hechos no solo lesionan la administración pública y la fe pública, sino que representan una grave afectación a los recursos destinados a la atención de emergencias y a comunidades vulnerables como las de La Guajira. También se advirtió sobre el riesgo de obstrucción a la justicia y la posible continuidad de la actividad delictiva si los imputados permanecen en libertad, al señalar su poder de influencia en entidades públicas y su rol como articuladores de una estructura criminal aún activa.

La solicitud también incluye a otros imputados: Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, el asesor Jorge Aristizábal Rodríguez, el contratista Óscar Cárdenas Angulo, y los representantes de Yapurutú Édgar Echeverri Toro y Francisco Estupiñán Bravo.

El despacho judicial deberá resolver en las próximas horas si acoge la solicitud de detención preventiva en centro carcelario para los implicados.

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