Traslado a guarniciones militares refuerza hipótesis de posible colaboración con EEUU en caso Pecci
Según fuentes del Inpec, la decisión de enviarlos a guarniciones militares se tomó por razones de seguridad, una medida que coincide con las advertencias recientes del presidente Gustavo Petro.
Fiscal antidrogas del Paraguay, Marcelo Pecci / Foto: GettyImages
Bajo un fuerte esquema de seguridad, tres de los condenados por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci fueron trasladados durante el fin de semana desde cárceles comunes a instalaciones militares.
Se trata de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, así como de Margareth Lizeth Chacón, quien recientemente recibió una condena de 35 años de prisión por su papel como coordinadora logística en el crimen.
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Según fuentes del Inpec, la decisión de enviarlos a guarniciones militares se tomó por razones de seguridad, una medida que coincide con las advertencias recientes del presidente Gustavo Petro.
Durante la posesión del magistrado Héctor Carvajal en la Corte Constitucional, el mandatario afirmó: “La nueva violencia no es colombiana. La nueva violencia quiere matar a su Presidente. Está ubicada en unos lugares de lujo mundial y se trata de unas confederaciones de mafias que venían existiendo, pero que saben que en la globalización del capital, tienen una oportunidad”.
Petro también señaló que “‘Iván Mordisco’ logró llegar a la junta del narcotráfico. Y yo pregunto, ¿la Fiscalía tiene alguna investigación contra la junta? Un señor ‘Marcet’ de la junta, que controla la ruta de la cocaína desde Uruguay, fue el que mandó a matar al fiscal Pecci” y agregó que “los autores materiales, como en el caso del senador Miguel Uribe, están presos, condenados, deben ser sacados de inmediato de la cárcel donde están, porque los pueden matar”.
El traslado se produce pocos días después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena contra Chacón, quien agotó todos los recursos legales posibles para aliviar su pena. Este escenario abre la puerta a una eventual colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, que investiga a las redes de narcotráfico implicadas en el asesinato.
El asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, ocurrido el pasado 2 de enero en La Picota, incrementó las alertas sobre la seguridad de los involucrados. Correa, considerado testigo clave, fue apuñalado mientras colaboraba con la justicia y revelaba detalles sobre la estructura criminal, incluyendo a alias ‘El Chino’ y ‘Tío Rico’.
Los recientes movimientos sugieren que, además de medidas de protección, podría existir interés en garantizar la vida de los condenados para que aporten información clave en investigaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, que sigue de cerca la trama detrás del homicidio del fiscal Pecci.
