Consejo de Estado rechaza suspender a la fiscal por orden de captura desde Guatemala
El alto tribunal además ordenó a Presidencia que remita el expediente administrativo, necesario para tomar una decisión sobre la demanda. Desde abril el alto tribunal solicitó estas pruebas y aún no las han enviado.

Fiscal Luz Adriana Camargo
La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por extemporánea la solicitud de suspensión provisional de la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, elevada por una de las demandantes contra su nombramiento, la abogada Sthefanny Gallo Herrera, quien pedía suspender a la fiscal por la orden de captura que llegó desde Guatemala.
El alto tribunal determinó que, a pesar de los argumentos planteados por la demandante para pedir la suspensión provisional, este tipo de solicitudes deben ser presentadas al principio del proceso junto con la demanda, por lo cual la petición no estaba llamada a prosperar al estar vencido el término.
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“Quiere decir que la medida deberá acompañarse en una única oportunidad que es con la demanda, o de forma posterior, siempre y cuando sea antes de su admisión y dentro del término de caducidad. (...) Así las cosas, frente al nuevo escrito de suspensión provisional, se rechazará la petición por cuanto no es el momento procesal para solicitar su decreto”, se lee.
Además de negar la suspensión provisional de la elección de la fiscal Camargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado, ante las peticiones de impulso procesal presentadas por las partes en el proceso, ordenó a la Presidencia de la República allegar el expediente administrativo sobre la elección, en vista de que han pasado más de dos meses desde que los magistrados le ordenaron remitir esa información y esto no ha ocurrido. Lo anterior deberá ser cumplido en máximo 3 días.
Al mismo tiempo la Sección, ante los cuestionamientos de los demandantes pidiendo impulso procesal, indicó que el caso ha avanzado de forma normal y se han atendido todos los recursos planteados por cada una de las partes.
Finalmente, el Consejo de Estado rechazó definitivamente tomar el testimonio de la externada Amelia Pérez, a quien los demandantes solicitaban que se interrogara.
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