Sandra Morelli pide nulidad del juicio en su contra alegando que le violaron el debido proceso

La excontralora Sandra Morelli solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema la nulidad del juicio en su contra, el cual se adelanta actualmente por los presuntos sobrecostos en los que habría incurrido, por lo menos un 10%, en el arrendamiento de una nueva sede de la contraloría general.

En criterio de la excontralora y su defensa, el proceso debe anularse desde la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, en la que además se le declaro persona ausente porque había salido del país. Para la defensa, dichas audiencias concentradas fueron adelantadas por un fiscal de apoyo el cual no tenía la competencia para desarrollar las diligencias cuando el titular del caso, según su teoría, era el también vicefiscal de la época Jorge Perdomo.

“De la ley se infiere que los fiscales de apoyo están limitados en sus funciones y competencia y que estos prestan una labor de ayuda para sacar avante una teoría del caso, pero no reemplazan ni sustituyen el ejercicio del fiscal delegado para el caso, y como su actuación se resume en el “apoyo”, deben concurrir a las audiencias con el fiscal delegado designado, en este caso con el Vicefiscal General de la Nación, quien omitió sin justificación alguna su comparecencia a las audiencias no obstante que solicitó a su nombre la realización de la declaratoria de contumacia", argumentaron.

Asimismo, plantearon que la actuación “extralimitada” del fiscal Carlos Ibán Mejía Abello generó un perjuicio grave a la excontralora Sandra Morelli: "afectó el derecho de defensa de la Dra. Morelli, debido a que la puso a defenderse en un proceso ilegítimo y mal iniciado, con lo que implica emocionalmente para cualquier persona el hecho de ser procesada con afectación de su imagen y buen nombre", señala el documento de 20 páginas.

El juicio de esta manera quedó suspendido hasta que se resuelva tal petición de nulidad no solamente en primera instancia, puesto que el veredicto que allí se dicte podrá ser apelado ante la Sala Penal de la Corte Suprema.

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