Corte tumba facultades de intervención de superintendente de Subsidio Familiar

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles, con entrada en vigencia de la decisión el 21 de junio de 2027, las facultades con las que cuenta el superintendente de Subsidio Familiar para intervenir las compañías bajo su vigilancia, adelantar medidas cautelares y tener competencias sancionatorias.

En criterio de la magistratura, la asignación de dichas competencias mediante decreto puede generar afectaciones al debido proceso entrelazado, esto, además, con la falta de reglamentación de tales facultades desde el Congreso, que como legislador, es quien tiene la obligación de fijar el marco normativo de dichas acciones.

"Sin un diseño claro, objetivo y previsible del legislador sobre las medidas cautelares y sancionatorias en materia de inspección, vigilancia y control, no existe un marco legal actualizado y cierto que habilite y regule las medidas administrativas analizadas, como tampoco una adecuada satisfacción de las garantías mínimas del derecho al debido proceso administrativo" indicó la Sala Plena.

Los magistrados, al mismo tiempo, determinaron diferir los efectos de su decisión al concluir que expulsar de inmediato del ordenamiento jurídico los artículos del decreto ley que fueron declarados inconstitucionales podría generar un “traumatismo” y un vació normativo “en cuanto a la efectividad del régimen de inspección, vigilancia y control analizado, cuya aplicabilidad es necesaria para asegurar los fines superiores a los que sirve el sistema del subsidio familiar”.

Así entonces se difirieron los efectos con la intención de que el Congreso de la República, dentro de las dos siguientes legislaturas, expida la ley que reglamente las facultades del Superintendente de Subsidio Familiar que han sido declaradas inconstitucionales.

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