El próximo 15 de agosto se definirá el futuro judicial de Diego Cadena y Juan José Salazar

El juez tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá anunció que el próximo viernes 15 de agosto, a las 8:00 a. m., dará a conocer el sentido de fallo en el proceso penal contra los abogados Diego Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, quienes son procesados por supuesta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La acusación de la Fiscalía General de la Nación señala que los juristas ofrecieron sobornos y asesorías jurídicas a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios y se retractaran de señalamientos contra el exmandatario. Los delitos imputados son fraude procesal y soborno en actuación penal, cargos que también fueron respaldados por la Procuraduría y por los representantes de víctimas, entre ellos el senador Iván Cepeda y Deyanira Gómez, quienes insistieron en una condena.

Durante los alegatos finales, el abogado Iván Cancino —defensor de Cadena— dirigió fuertes críticas contra la Fiscalía por haber otorgado validez al testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. Según Cancino, Vélez ha modificado su versión en varias ocasiones y ha admitido que mintió ante las autoridades, lo que, a su juicio, desmonta la acusación.

“Diego Cadena no es un delincuente al que busca un cliente para decirle: -mire a ver como compra testigos-”, afirmó Cancino en estrados.

El penalista advirtió inconsistencias en los relatos de Vélez sobre los supuestos pagos: “De cero pasa a 60, de 60 a 200, de 200 a 800 millones, a 5 millones y a otra cantidad de cosas”, relató, al señalar que el testigo habría cambiado cuatro veces su versión.

“¿Cómo se va a condenar a una persona por un soborno donde el mismo señor da cuatro versiones en este proceso?”, cuestionó el abogado en audiencia.

Cancino también subrayó la contradicción temporal en la entrega de una carta de retractación, la cual fue radicada antes de que Vélez conociera a Cadena. “Pero además hay que creerle que le ofrece 200 millones por decir en una carta lo que el señor ya había dicho seis meses antes de conocer a Diego Cadena o de que Diego Cadena apareciera en su vida”, explicó.

Además, señaló que no es creíble que en cuestión de minutos se pactara un soborno millonario y que Vélez aceptara firmar un documento sin conocer su contenido. “Entonces, en 15 minutos viene y me ofrece 200 millones, me trae una carta que yo no leo, me pide que mienta y nosotros le tenemos que creer a Vélez. Eso que está diciendo es absolutamente carente de lógica y de sentido jurídico, pero no de lógica jurídica, de lógica elemental”, insistió.

“El señor Vélez firma una carta sin saber qué decía la carta, sin saber de qué fecha, y esa carta decía exactamente lo que ya había dicho el señor. Pero aquí le voy a repetir varias veces este argumento, entonces dicen no, es que Vélez lo que manifiesta es que ‘entre bandidos nos entendemos’ y que por eso hubo un acuerdo tan suavecito, tan fácil de entender. ¡No, perdónenme!”, recalcó Cancino.

El defensor también enfatizó la buena reputación de su cliente: “A Vélez no lo visita un abogado bandido, lo visita un abogado con buena reputación”, afirmó, añadiendo que no existe evidencia de pagos. “¿Cómo voy a pedir condena con una cosa que es absolutamente tan etérea, tan mentirosa y tan inventada que se cae de bulto?”, agregó.

En cuanto a Juan Guillermo Monsalve, Cancino explicó que Cadena acudió a La Picota en febrero de 2018 solo para verificar la intención de retractación transmitida por Enrique Pardo Hasche. Además, aseguró que una de las grabaciones hechas por Monsalve “está editada” y que las demás son demasiado cortas en comparación con la duración real de la reunión. Según el defensor, “en esos audios no se escucha a Diego Cadena ofreciendo sobornos”.

Por todo esto, Cancino pidió al juez emitir un fallo absolutorio.

Ahora, la decisión queda en manos del juez, quien el próximo 15 de agosto definirá si acoge los argumentos de la defensa o la solicitud de condena presentada por la Fiscalía y los representantes de víctimas en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años.