Proyecto de MinJusticia busca modificar política criminal de Colombia: ¿qué dicen los precandidatos?

La W consultó la opinión de varios precandidatos presidenciales a las elecciones de 2026 sobre el borrador del Ministerio de Justicia que busca modificar la política criminal de Colombia mediante un decreto-ley orientado a fortalecer el proceso de paz total.

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha aclarado que el texto todavía no es oficial, el documento plantea la ampliación del régimen de sometimiento voluntario para incluir a integrantes de disidencias, el Clan del Golfo, civiles colaboradores, reincidentes y agentes del Estado vinculados a estructuras criminales.

Además, la iniciativa propone que los vinculados al proceso cuenten con un plazo de 20 días para acogerse después de haber sido individualizados por la Fiscalía. También contempla beneficios jurídicos a cambio de condiciones como la entrega de bienes y armas, la liberación de menores, la desmovilización y el compromiso con la verdad.

De los bienes entregados, se permitiría a los comparecientes conservar hasta el 12%.

En cuanto a las penas, se establecerían rangos diferenciados: de 5 a 8 años para los máximos responsables y de 2 a 5 años para miembros sin roles decisorios. También se contemplan reducciones adicionales en casos de delitos menores.

Frente este borrador, que será discutido en el Consejo de Política Criminal –conformado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema, el Inpec y la Policía, entre otras– para decidir si el texto avanza como propuesta oficial, candidatos de distintas orillas políticas expresaron lo siguiente:

Vicky Dávila

Para la precandidata Vicky Dávila, esta iniciativa es, sin lugar a duda, “una nueva intentona del Gobierno de Petro, con el cerebro diabólico de Eduardo Montealegre, para burlar la justicia, las víctimas y el país”.

Dávila advirtió que no se puede permitir que “narcos, con delitos horribles como secuestro, homicidio y demás, queden en libertad solo por un capricho de este Gobierno de beneficiarlos y ayudarlos”.

“¿Cuál es el afán de dejar libres a los narcos? ¿Cuál es el afán de acoger a ‘Iván Márquez’ y ayudarlo? (Es) un reincidente narco que ha estado allá en Venezuela, escondido gracias a Nicolás Maduro y a quien apunta una de las hipótesis del crimen de Miguel Uribe (porque) hubiese podido dar la orden de disparar”, cuestionó.

Además, señaló que esta iniciativa “se va a caer en el Congreso” e hizo un llamado a “estar preparados porque este Gobierno va a hacer daño hasta el último día, el 7 de agosto del 2026”.

“Nosotros (en referencia a su propio proyecto político) vamos a acabar con los procesos de la paz total, vamos a enfrentar a los criminales, a empoderar a la fuerza pública y a coger a todos esos narcos y los vamos a extraditar de manera expresa”, concluyó.

Gustavo Bolívar

El precandidato Gustavo Bolívar admitió que es “complicado, desde el punto de vista de un colombiano que ha sufrido las consecuencias de la violencia, entender estos procesos”.

Sin embargo, Bolívar hizo una reflexión: “¿De dónde vienen todas esas personas que causan la criminalidad en Colombia? ¿Quiénes eran? Eran niños, (…) no tenían en sus mentes convertirse en asesinos ni criminales. Van creciendo y se rompe esa inocencia, ahí es donde tenemos que encontrar un culpable”.

Así, Bolívar señaló que, en el hecho de que los niños se conviertan en adultos criminales “no hay una culpa distinta a la del abandono del Estado”.

“La juventud no encuentra oportunidades de trabajo ni de estudio, los reclutan estas bandas y se vuelven lo que son hoy. Si el Estado tiene la culpa, que es irrefutable, tiene que resarcir eso. Aquí le hacen un ofrecimiento bastante generoso”, sostuvo.

Bolívar agregó que el Gobierno de Gustavo Petro, “en su búsqueda de la paz, pone toda la carne en el asador y, si ellos no se acogen, ya no hay nada más que hacer”.

“El problema detrás de todo esto no tiene que ver con Colombia, va a seguir toda la vida mientras la demanda de cocaína en el mundo siga vigente y en aumento (…) podemos desmovilizar con este proyecto o con otro a todas las bandas criminales y estarán naciendo otras porque el problema de este país se llama narcotráfico”, concluyó.

Juan Daniel Oviedo

El precandidato Juan Daniel Oviedo aseguró que resulta “preocupante que el Gobierno esté provocando al Congreso de la República alrededor de esa discusión”.

“Todas las evaluaciones y la evidencia alrededor del proceso de paz total muestran que lo que en realidad ha sucedido es una pérdida de la soberanía del Estado, una reconfiguración del control territorial de esos delincuentes”, advirtió.

Según Oviedo, el presidente Petro ha reconocido que estos grupos no tienen intereses políticos, “lo que les ha permitido ingresar cantidades de millones de dólares a la economía legal y que en algunos departamentos estén generando empleo en la informalidad y en el rebusque”.

Para el exconcejal, después de ver durante años que “se ha permitido que esos delincuentes ganen (varios) departamentos y la región del Catatumbo, se venga ahora a pretender que se van a definir los pasos de una etapa posterior del proceso de paz total que es el proceso de sometimiento”.

“Sin mecanismos de verificación ni una voluntad explícita de los delincuentes para llegar a una paz y a una reconfiguración del orden social de todos los departamentos que tienen prácticamente desconectados en este momento, es imposible que ese tipo de proyectos tengan una discusión en el Congreso”, indicó.

Además, aseguró que esperarán al 20 de julio, cuando se radique ese borrador, para analizarlo. Sin embargo, aclaró que es “altamente inconveniente que el país esté dando esas discusiones que nos distraen verdaderamente de cuáles son las problemáticas que está sintiendo la gente en el territorio”.

Abelardo de la Espriella

El precandidato Abelardo de la Espriella recordó que el ministro Montealegre, quien está detrás de esta propuesta, “fue el cerebro jurídico del mal llamado acuerdo con las Farc y eso salió muy mal, pues el ‘fast track’ se lo inventó él y eso, al igual que lo que propone hoy, es una capitulación del Estado ante los delincuentes y los violentos”.

“El país debería entender que los mal llamados procesos de paz de esa forma salen mal. Miren lo de la Farc: se desmovilizó una y hoy hay cinco, en un desastre. La evidencia empírica demuestra que eso no ha salido bien”, advirtió.

Por eso, De la Espriella consideró que, en consecuencia, lo que debe hacerse “no es capitular ante los delincuentes, sino imponer la paz con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

“Hace 15 años todos estábamos de acuerdo con los procesos de paz y con este tipo de planteamientos, pero los hechos han demostrado que eso sale mal porque manda un mensaje de impunidad y los delincuentes terminan abusando de lo que se propone a través del gobierno”, advirtió.

También aseguró que, en este caso, la propuesta tiene una intención diferente, pues “lamentablemente hay una alianza entre el régimen y los actores ilegales, no en vano les han entregado territorios y gabelas a todos”.

Para De la Espriella, estos hechos deben ponerse sobre la mesa debido a que “causan grave daño y perjuicio a la institucionalidad en Colombia”, ya que “no podemos seguir arrodillando el Estado a la criminalidad haciendo normas y confeccionando leyes a la medida de los delincuentes como si de camisas se tratara”.

Camilo Romero

El precandidato Camilo Romero consideró que la paz es “imperativo para una sociedad democrática”, pues recordó que “la violencia es la antítesis de la democracia”. Por eso, aseguró que, para hablar de democracia e instituciones y que estas cumplan con su tarea es necesario un país en paz.

“La búsqueda de la paz debe ser permanente y constante (…) estamos en un pulso de ideas y pensamientos, algo que está bien en democracia, pero yo soy parte de quienes creen que hay que jugársela por la paz”, señaló.

Además, reconoció que es necesario entender el contexto en el que está el país: “Mientras tengamos por encima una política antidrogas fracasada en el mundo, va a ser muy difícil que tengamos paz, seguridad y convivencia en Colombia”.

“Hay que hacer propuestas para ejercer la paz en nuestro país, el diálogo es un camino porque, después de décadas, ahí está el resultado nefasto que le han dejado al país (…) la paz necesita de dos, no solo de la voluntad del estado y del Gobierno, que debe estar tendida pero también debe saber que tiene el uso legítimo la fuerza”, concluyó.

Paloma Valencia

La precandidata Paloma Valencia criticó la postura que sugiere que el conflicto armado y la violencia en Colombia han surgido por cuenta de la acción del Estado, pues lo calificó como “totalmente falso”.

“Lo que hemos tenido en Colombia ha sido la sucesión ininterrumpida de violencias después de procesos de paz. Este país ha decidido que uno firma papeles con los bandidos y que un día va a tener paz y lo que ha ido pasando es que los negocios ilegales pasan de uno en otro: cambian de uniforme y de nombre, y siguen matando”, señaló.

Valencia recordó que en Colombia van 32 procesos de paz y, pese a esto, sigue siendo uno de los países más violentos del mundo: “De hecho, las épocas en las que menos violencia ha tenido Colombia se han consolidado con las políticas de seguridad y de sometimiento, que son bien distintas a lo que nos está proponiendo el ‘Rasputín de Palacio’ Eduardo Montealegre”.

Para la senadora, lo que propone el ministro de Justicia son “procesos de impunidad para la primera línea y para quienes participaron en las manifestaciones violentas, la obstrucción de vías y la tortura y asesinato de soldados y policías”.

“No solamente están hablando de sacarlos de la cárcel, sino que equiparan haber dañado bienes públicos con haber atacado a servidores públicos”, concluyó.

Enrique Peñalosa

El precandidato Enrique Peñalosa consideró que “los países civilizados condenan a los criminales”, pues estas personas “les han hecho un daño grave a los colombianos”.

“El peor problema que Colombia tiene hoy es la criminalidad causada por grupos (al margen de la ley) y lo que hay que hacer es todo lo contrario: todos los esfuerzos para capturar los criminales que controlan territorios, matonean, asesinan, extorsionan, reclutan niños e impiden que haya inversión”, indicó.

Además, cuestionó sobre “¿qué justificación hay para las gabelas que el Gobierno está considerando para los capos en el marco de la supuesta paz total?”, ya que advirtió que sería una ofensa para los policías, fiscales y jueces que, “con un enorme trabajo, esfuerzo, riesgos e incluso con muertos, los capturaron y los condenaron”.

“Sería un mensaje muy desmotivador para los que hacen enormes esfuerzos y arriesgan su vida para condenarlos y un pésimo ejemplo para los jóvenes de Colombia”, sostuvo.

Peñalosa también preguntó si “los favores que el Gobierno quiere hacerles a los capos son en pago por los apoyos recibidos en la pasada elección, o un pago anticipado para los apoyos que esperan recibir en las próximas elecciones”.

“¿Por qué a los grandes criminales los premian y a los pequeños no? En el pasado, el supuesto llamado ‘concierto para delinquir’ en la ley colombiana y la universal es un agravante. Ahora, por el contrario, se quiere premiar a los grupos organizados y a los jefes criminales, las reformas que vamos a hacer a la ley es para que no haya crímenes menores; incluso, el robo de una bicicleta puede representar más para un ciudadano humilde que un carro de lujo para otro, eso de premiar a los grandes criminales no tiene ninguna justificación”, concluyó.

Juan Manuel Galán

El precandidato Juan Manuel Galán advirtió que es necesario apostarle a la no repetición, pues “Colombia repite y repite la misma historia”.

“¿Desde hace cuántos gobiernos estamos escuchando de estos procesos de sometimiento? Realmente, la única garantía para que no sigamos repitiendo esto es apostarle a que el Estado haga presencia en todo el territorio de Colombia, pues (mientras no la tenga), seguiremos de gobierno en gobierno con estos procesos porque el Estado no controla el territorio”, sostuvo.

También destacó la importancia de restaurar las capacidades de la fuerza pública, “no solamente para hacer presencia con monopolio de la fuerza en el territorio, sino también para hacer obras públicas, vías terciarias y llevar conectividad, que es lo que la gente necesita y reclama en esos territorios para tener dignidad y oportunidades de incorporarse al proceso de desarrollo nacional”.

“Si queremos romper esta repetición de la historia, tenemos que apostarle a construir estado territorial en esas zonas donde las organizaciones criminales están operando y, por supuesto, defender a la población civil de la expansión del crimen que ha sido exponencial de este Gobierno”, indicó.

Carolina Corcho

La precandidata Carolina Corcho recordó que, en la ley de paz total aprobada durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional “declaró inexequible el artículo que brindaba medidas extraordinarias al mandatario para generar el marco jurídico para las bandas ligadas al narcotráfico que no son reconocidas políticamente por la jurisprudencia y la ley”.

Corcho aseguró que es en ese sentido en que se presenta este nuevo proyecto de ley, pues “no hay marco jurídico que cobije estos diálogos sociojurídicos que se están adelantando, por ejemplo, con los grupos armados del Valle Aburrá, donde hay 12.000 jóvenes armados que han dicho tener disposición de someterse a la justicia”.

La exministra advirtió que estos grupos “no han sido derrotados ni militar ni estratégicamente”, así que el sometimiento a la justicia se da en un marco negociado por el Congreso de la República bajo varias consideraciones como reparar a las víctimas y entregar los bienes ilícitos del narcotráfico.

“Esto no es nuevo en Colombia, es una reforma la Ley de Justicia y Paz que adelantó el expresidente Álvaro Uribe para someter a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se necesita ese marco jurídico porque el Estado no ha derrotado a estas estructuras que están menguando la vida en Colombia, ya queda en manos del Congreso que se ejerza la negociación de la sociedad colombiana: ¿a qué está dispuesta a ceder la sociedad colombiana a cambio de la gran paz y de no tener a estos jóvenes armados generando daño a la sociedad colombiana?”, concluyó.

Santiago Botero

Para el precandidato Santiago Botero, “si el Gobierno no ataca a los bandidos, es porque los verdaderos bandidos son parte del Gobierno”.

“Nos habla de una paz total, pero eso es legalizar el crimen. Nadie habla de los verdaderos bandidos que, para mí, están disfrazados de políticos y empresarios; ellos son los responsables de que hoy tengamos una impunidad del 95% y no exista justicia, de que tengamos 27 millones de pobres”, señaló.

Botero también advirtió que “Uribe les dio paz total a los paramilitares y Petro les dio paz total a los guerrilleros porque, hoy en día, la paz es un negocio de bandidos para políticos”.

“La única paz total que sirve es que construyamos una dando de baja a los bandidos y (fortaleciendo) a la justicia (…) el que la haga la paga, no más excusas ni doble moral, vamos a atacar la causa y no las consecuencias”, indicó.

Por eso, concluyó afirmando que, en un eventual gobierno suyo, “a los bandidos disfrazados de políticos y empresarios les vamos a dar como Dios manda”.

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