“Resulta altamente inconveniente”: Corte Suprema sobre proyecto de paz total del Gobierno

La representante de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo Superior de Política Criminal, magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala Penal, hizo fuertes reparos al borrador del proyecto de ley de paz total que presentará el Gobierno el 20 de julio, frente al cual emitió voto desfavorable como anticipó W Radio.

Dentro de las críticas que presentó sobre la viabilidad del proyecto de ley, la magistrada señaló que la iniciativa no tuvo una suficiente deliberación y discusión (solamente se citó y votó hoy), agregando además que es una completa incertidumbre su sostenibilidad fiscal.

“De la revisión del articulado y la exposición de motivos no se advierte una justificación debidamente sustentada de los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta. Dado que se asignan responsabilidades significativas a la rama judicial penal ordinaria (FGN y jueces penales del país), el articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta” dijo la magistrada.

La presidenta Myriam Ávila asimismo enfatizó en que el Gobierno no logró justificar la necesidad de aplicar este modelo novedoso de justicia especial en detrimento de las herramientas ordinarias con las que cuenta la ley colombiana para procesar estos grupos criminales.

“Se necesita mayor justificación respecto de la insuficiencia de los modelos normativos existentes para satisfacer los fines que persigue esta propuesta y explicar por qué la normatividad existente no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz en las condiciones propuestas en el borrador de proyecto de ley” agregó.

La magistrada Ávila Roldán asimismo sentenció que la iniciativa resulta “inconveniente” debido a que hace una mezcla profunda de distintos temas en un solo proyecto: “construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria, y adicionalmente, temas de seguridad ciudadana como el procesamiento de personas judicializadas por conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio del derecho a la protesta social”, se lee.

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