Abogada María Alejandra Díaz está refugiada, desde enero, en la Embajada de Colombia en Caracas
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados emitió un comunicado sobre la situación de Díaz, tras denunciar persecución por parte del Gobierno de Maduro.
Foto: Cuenta en X @marialepalaanc
Luego de presentar, el 30 de octubre de 2024, un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que reclamaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) no haber publicado los resultados desagregados de la elección presidencial, la abogada María Alejandra Díaz fue sancionada por el Máximo Tribunal.
Le fue impuesta una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados y su suspensión del ejercicio profesional.
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Díaz denunció, en enero de 2025, haber sido objeto de amenazas de detención por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que el 11 de enero ingresó a la Embajada de Colombia en Caracas, en calidad de refugiada, y allí se encuentra desde entonces.
Ante esta situación, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, emitió una comunicación para exponer el caso de Díaz y pedir que se le respeten sus derechos a ella y a ”todos los abogados”
“Su situación parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a victimas de violaciones de derechos humanos, presentan acciones de nulidad contra normativas contrarias a los derechos humanos y entablan demandas contra funcionarios que podrían estar involucrados en violaciones de derechos humanos por acción u omisión”, se lee en el texto.
Maria Alejandra Díaz Marin es una abogada y política venezolana que durante muchos años estuvo vinculada al chavismo, ocupando cargos como la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente entre 2017 y 2020, y representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Me permito recordarle que el libre ejercicio de la abogacia es parte de los estándares de derechos humanos relativos al juicio justo”, dice la relatora al Gobierno de Nicolás Maduro.
