Descentralizar la seguridad: un reclamo desde las regiones

Desde Medellín, en el marco de la cuarta edición de Ruta Regiones: Un Desafío por la Descentralización, de Prisa Media, expertos en seguridad de distintos sectores de la sociedad mostraron su preocupación por el fortalecimiento de las organizaciones criminales y la repercusión de los crímenes transnacionales a nivel global, nacional y departamental.

Para ellos, los primeros pasos en la lucha contra ese contexto son la atención integral a las necesidades de la fuerza pública en materia de presupuesto y capacidades técnicas; y la asignación de competencias para el manejo de las mismas a entidades territoriales.

La base fundamental del crecimiento nacional

Ampliar

El encuentro dejó, desde el comienzo, una premisa muy clara: la seguridad debe ser una de las principales, sino la principal preocupación de todos los actores de la sociedad colombiana.

En palabras de Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos “Si no garantizamos el derecho a la seguridad, ese derecho a vivir sin miedo, ningún otro derecho se podrá suplir a cabalidad”.

En particular, el ejecutivo se refirió a la necesidad de incluir el rubro de la seguridad entre aquellos que hoy son objeto de la Reforma al Sistema General de Participaciones y a la Ley de Competencias que el Gobierno Nacional debía presentar con el inicio de la nueva legislatura, el pasado 20 de julio, pero que todavía no ha llegado al Congreso: educación, salud, agua y saneamiento básico.

De acuerdo con lo advertido por Tavera, y otros panelistas, en la actualidad persiste inconformidad frente al manejo de las fuerzas públicas y la centralización de las mismas, algo que se ha hecho particularmente notorio en el marco de la estrategia de Paz Total que, para los asistentes, debe tener en cuenta a los departamentos y funcionar bajo un modelo de democracia deliberativa como mecanismo de participación.

Un contexto desafiante

Ampliar

Según lo comentado en el cuarto encuentro de Ruta Regiones, descentralizar el manejo de la fuerza pública daría a mandatarios locales, que conocen de primera mano los desafíos particulares de sus territorios, más oportunidad de darle manejo a un panorama en el que los delitos transnacionales son cada vez más voluminosos y sofisticados, convirtiendo a las estructuras criminales en “empresas ilegales” empoderadas y blindadas frente a medidas judiciales que parecen quedarse cortas.

“Los jueces no cuentan con recursos necesarios, la fiscalía no cuenta con recursos necesarios… impartir justicia es necesario”, sentenció al respecto David Jaramillo, subdirector de Gobierno y Regiones y Subdirector (e) de Proyectos Especiales de la FND.

Es que, al lado del incremento en los niveles de violencia en el país, reflejado por las cifras de reclutamiento de menores —más de 1.000 en los últimos cinco años de acuerdo con Unicef— y asesinatos de líderes sociales —88 en lo que va del año según el Indepaz— se encuentran problemas que cruzan fronteras como narcotrafico, trata de personas y contrabando.

Este último, insistió Manfred Grautoff, consultor en temas de Seguridad Nacional, “es el banquero del crimen organizado”. Según el experto, sirve como base económica de las empresas ilegales como disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, que lo utilizan para financiar otros negocios ilícitos, afectando ingresos que a la larga podrían invertirse en orden público a nivel nacional, departamental y local.

De hecho, Paula Ramírez, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, propone que el trinomio contrabando, trata de personas, narcotráfico está enlazado por la corrupción, mostrando que para el 2025, al mes de mayo, hay $130.000 millones incautados en Colombia y, en contraste, las sentencias condenatorias tienen unas cifras tan bajas que son alarmantes, pintando un “panorama diabólico en materia de criminalidad”.

Uno aún más preocupante si se tienen en cuenta las palabras de la exembajadora de Colombia ante la ONU, María Emma Mejía, quien reconoció que “no me parece que estemos dependiendo del armamentismo, estamos luchando contra una tecnología ya muy avanzada y ya muy compenetrada, tanto en la insurgencia, como en el crimen organizado”.

A fin de cuentas, en Colombia el Clan del Golfo y las FARC no tienen la capacidad de adquirir buques o naves de guerra. “Pero sí de tener drones y hackers”, como explica el general (RA) Juan Carlos Fajardo González, asesor de seguridad de la Gobernación de Antioquia, que asegura que el Estado está obligado a pensar cómo responder y defender al país en el ciberespacio.

Sin descartar el diálogo

Ampliar

En ese orden de ideas, Ana María Salazar, exfuncionaria del Pentágono y de la Casa Blanca, señaló que fortalecer a entidades territoriales y fuerzas armadas no excluye considerar sentarse a la mesa con grupos ilegales, no obstante, también requiere de planeación, mesura y de incluir las voces de municipios y departamentos.

Por eso, presentó un protocolo de diálogo de cuatro fases, en donde destaca la 0, que, aunque suene obvio, invita a aclarar los objetivos de las negociaciones, tanto de grupos violentos como de departamentos, municipios y Estado. Eso, sin dejar de lado “el tema de la protección de los derechos de las víctimas. Olvidarlo es lo que va a acabar con esa negociación”.

Las redes criminales tienen que ser vistas desde lo micro a lo macro y así mismo tienen que ser entendidas más que sus actores o delitos. “El impacto de estas redes es local. Cómo es local el control territorial, eso es lo que fortalece la red; no le hemos dado las herramientas a los gobiernos locales”.

Aunque la charla parece dejar más inquietudes que soluciones, lo cierto es que hay un consenso: garantizar la seguridad es un trabajo arduo que será de incumbencia tanto de fuerza pública, como de gobiernos en todos los niveles y ciudadanos. “Los departamentos no pueden limitarse a espectadores”, señaló Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa.