Corte Constitucional declara responsable a Diócesis de Pereira por caso de abuso sexual a un niño

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró responsable civilmente a la Diócesis de Pereira y le ordenó indemnizar a la familia de un niño que fue abusado en 2008 por el párroco y profesor del colegio Institución Educativa El Dorado (Pereira), Jairo Alzate Cardona.

El padre Alzate Cardona también fue procesado y destituido por más hechos de abuso sexual contra distintos niños, siendo condenado en 2012 por acceso carnal violento con menor de 14 años y muriendo en prisión.

De acuerdo con lo fallado por los magistrados, determinaron revocar el fallo de tutela de segunda instancia en el que se había excluido a la Diócesis, ordenando por el contrario que, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del fallo, expida una sentencia de reemplazo en la que además tase el monto de la indemnización que el cuerpo católico de Pereira tendrá que pagarle a la víctima, así como a su prima y tío.

“(El Tribunal de Pereira) valoró de forma irrazonable las pruebas que demostrarían que la Diócesis de Pereira era responsable por omisión del daño causado al niño, debido a que deliberadamente, decidió abstenerse de informar a las autoridades civiles que en el pasado el señor había incurrido en actos de abuso sexual contra otros menores de edad”, señala la determinación.

De hecho, el padre Alzate Cardona fue destituido e inhabilitado en su momento por la Procuraduría por 15 años precisamente por este caso de abuso sexual. Según el expediente disciplinario, el sacerdote “castigaba” al niño no permitiéndole ir al recreo a jugar con sus compañeros y, en cambio, lo ponía a “estudiar” matemáticas, momento que realmente era una excusa para quedarse a solas con él y lo abusaba sexualmente. En versión libre, el padre aceptó haber sido agresor sexual del niño, al que intimidaba y chantajeaba para que no denunciara.

Además, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y al ICBF para que se investigue el eventual encubrimiento de los hechos criminales que fueron protagonizados por el padre Alzate Cardona.

Frente a este tema, cabe resaltar que el medio de comunicación Casa Macondo reveló una audiencia en la que, de acuerdo con lo conocido por ese portal, el obispo emérito de la Diócesis de Pereira, Tulio Duque Gutiérrez, en 2012, señaló conocimiento de las actividades ilegales del párroco Alzate Cardona desde 2005, las cuales trataron de ser “corregidas” con procedimientos internos mediante el derecho canónico sin ir a denunciarlo a la Fiscalía y permitiendo que volviera a tener contacto con menores.

Por otra parte, el alto tribunal le exigió a la Diócesis de Pereira y a la Conferencia Episcopal que cumpliendo con la Constitución, en un término máximo de 3 meses, deberán remitir todas las denuncias de abuso sexual que pesan contra sus miembros y están en sus anaqueles, a la Fiscalía General de la Nación, ICBF y Defensoría del Pueblo.

También, se deberán fijar protocolos de atención ante nuevas denuncias, entregándolas de inmediato a la Fiscalía, informando asimismo a las instituciones religiosas y educativas, prohibiendo a la persona procesada el contacto con niños hasta que las investigaciones culminen. El presunto agresor, en adición, tendrá que ser perseguido también mediante el derecho canónico.

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