Una jueza bloqueó las “deportaciones aceleradas” de inmigrantes del Gobierno Trump
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener la deportación de miles de inmigrantes que habían logrado ingresar a EE.UU.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en La Haya, Países Bajos, el 24 de junio de 2025. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto
Una jueza federal bloqueó este viernes el uso de la deportación acelerada invocada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para agilizar la expulsión del país de inmigrantes que fueron dejados en libertad condicional dentro de EE.UU.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener la deportación sumaria de cientos de miles de inmigrantes que habían logrado ingresar a EE.UU. huyendo de la persecución en sus países de origen.
El fallo se da en respuesta a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA. Los mismos alegan que el Ejecutivo está usando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”, tras anular en marzo pasado un programa de la era del expresidente Joe Biden (2021-2025) para reducir el ingreso de extranjeros por la frontera sur del país.
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La querella, presentada en nombre de varios inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicitaba al tribunal detener las expulsiones de inmigrantes sin que se les dé acceso a una audiencia y representación legal.
El bloqueo de las deportaciones aceleradas representa otro revés para el Gobierno Trump, que ha elevado su meta de arrestos de inmigrantes y deportaciones a 800 por día.
En marzo pasado, la Casa Blanca anunció la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que ha permitido a unos 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.
El DHS argumentó que el programa “no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumple sus propósitos previstos y es incompatible con los objetivos de política exterior” de la Casa Blanca.
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