Con reprogramación de vigencias futuras de obras liberaremos recursos para prioridades sociales: DNP

Natalia Irene Molina, directora del Departamento de Planeación Nacional, respondió a las críticas de diversos sectores señalando que el presupuesto de 2026 está desfinanciado y sube el gasto.

La funcionaria reveló que sinceraron las cuentas y que en un par de ocasiones “tocó reubicar o replantear por parte del Gobierno algunos rubros que normalmente se identificaban como inversión y que se pasaron a funcionamiento porque eso es lo que se tiene que hacer de manera responsable y que eso justamente lleva a la inflexibilidad del mismo”.

Tal fue el caso de la gratuidad en la educación superior.

Agregó que programas bandera como la reforma agraria, el bono pensional, el pilar solidario, del cual esperan la decisión de la Corte, “liberarían espacio presupuestal para reasignar a los sectores que se han visto más afectados”.

La funcionaria reiteró que hay un presupuesto con inflexibilidades crecientes y ante escenarios de la demanda mundial que han cambiado las realidades, como la disminución en la demanda de hidrocarburos.

Reprogramación de vigencias futuras

Molina defendió el borrador de decreto que publicó el DNP para reprogramar las vigencias futuras de obras de infraestructura y señaló que con esto buscan modificar la reprogramación porque una parte de un decreto vigente resulta inoperante.

“No se permitía hacer movimientos en el tiempo de los flujos de las vigencias futuras, ni tampoco modificar montos. Y lo otro es que solo se podía aplicar a proyectos que no estuvieran ya en ejecución, lo cual resulta inoperante y carente de sentido porque generalmente los temas en atrasos de obras son sobrevinientes”, señaló la directora.

Y explicó: “ahora, lo que hacemos es una habilitación jurídica para que la ANI o las entidades ejecutoras puedan hacer la solicitud ante el CONFIS, pero eso tiene que pasar por un proceso de negociación con los concesionarios que permita las modificaciones contractuales”, explicó.

La directora agregó que eso ya se ha venido haciendo. El Ministerio de Transporte ha venido en un proceso con las entidades territoriales para, de mutuo acuerdo, hacer esas modificaciones. Tanto así que en varios de los casos resulta más rentable para los concesionarios en términos financieros hacer estas modificaciones debido a los compromisos que ellos adquieren a su vez para garantizar el cierre financiero de los proyectos.

Y remató: “lo que tenemos es la posibilidad de liberar espacio de vigencias futuras y liberar flujo de caja para poder garantizar los proyectos de inversión y las prioridades sociales que tiene la población colombiana”.

Recordemos que la Cámara de Infraestructura señaló que esto es “ilegal e inconstitucional “por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público – Privadas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: