Tribunal Supremo israelí frenó el intento del Gobierno de cesar a la fiscal general
La decisión judicial impide al Ejecutivo dejar de colaborar con la fiscal, nombrar a un sustituto o excluirla de reuniones clave, medidas con las que el gabinete buscaba implementar su destitución de facto sin esperar al fallo judicial.
La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara escucha una reunión del gabinete en el Museo de las Tierras de la Biblia en Jerusalén el 5 de junio de 2024. (Foto de GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP vía Getty Images) / GIL COHEN-MAGEN
El Tribunal Supremo de Israel emitió este lunes una orden que prohíbe al Gobierno cesar en la práctica a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, hasta que la corte dicte nuevas instrucciones, según un documento judicial visto por EFE, después de que el Ejecutivo aprobara su destitución este mismo día.
La decisión judicial impide al Ejecutivo dejar de colaborar con la fiscal, nombrar a un sustituto o excluirla de reuniones clave, medidas con las que el gabinete buscaba implementar su destitución de facto sin esperar al fallo judicial.
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La orden se produce tras la votación unánime del Gobierno antes a favor de destituir a Baharav-Miara, en un paso sin precedentes que refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, la figura del fiscal general actúa como uno de los principales contrapesos al Ejecutivo, con el mandato de proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros.
La relación entre la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y la fiscalía general se deterioró desde tres casos de corrupción, pese a que el mandatario solía ser percibido como un defensor de la independencia judicial dentro de su partido.
Desde su regreso al poder a finales de 2022, Netanyahu ha mantenido continuos choques con Baharav-Miara, designada por el Gobierno anterior ese mismo año.
Sus principales socios de coalición, provenientes de la ultraderecha, acusan a la fiscal de actuar como una figura supragubernamental que, según ellos, obstaculiza la implementación de su proyecto para establecer un Estado judío pleno tanto en Israel como en Cisjordania.
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