Jardinero hondureño con estatus legal en EE.UU. demandó a Inmigración por arresto “ilegal”
Detalló que aunque cooperó con las órdenes, fue arrestado sin explicación alguna, y a pesar de portar documentos que probaban su estatus legal, los oficiales lo esposaron, confiscaron sus papeles y 600 dólares en efectivo, para recluirlo en “una celda sucia y saturada sin acceso a comida, higiene o descanso”.
Foto por Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images
Un jardinero hondureño con estatus legal humanitario en Estados Unidos presentó una querella contra el Gobierno estadounidense tras ser arrestado sin causa justificada y detenido durante dos días en condiciones “inhumanas”, informó este miércoles 6 de agosto la organización Lawyers for Civil Rights (LCR)
José Pineda, residente de East Boston, fue interceptado en mayo pasado por agentes migratorios mientras se dirigía a su trabajo. Según la denuncia, su camioneta fue rodeada por vehículos sin identificación y agentes armados a pie. No había motivo aparente para la detención, salvo su apariencia latina.
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“Le dije a los agentes que tenía estatus legal, pero se burlaron de mí y me dijeron que si no nací en Estados Unidos, no tengo derechos”, relató Pineda en un comunicado de LCR.
Durante su detención en la oficina de ICE en Burlington, Massachusetts, Pineda compartió celda con entre 40 y 60 personas.
“No podía sentarme, acostarme ni dormir. No me dejaron bañarme, ni cepillarme los dientes, ni cambiarme de ropa. Me dieron agua en mínima cantidad y la comida era incomible”, indica en el comunicado.
La LCR explicó que fue liberado después de dos días, pero el dinero confiscado no fue devuelto.
El caso, abunda LCR, pone en evidencia un patrón preocupante de operaciones ilegales de ICE en Massachusetts, donde los agentes federales actúan a menudo sin respetar las leyes estatales y federales.
“La detención de Pineda se produjo sin orden judicial ni identificación oficial por parte de los agentes”, subrayó la organización.
La querella, presentada por la LCR, busca una compensación por los daños sufridos y responsabilizar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) involucrados.
“ICE me trató como a un criminal por cómo me veo y de dónde soy, aunque he seguido cada regla”, indicó Pineda.
Se trata de un caso de discriminación racial al se “atacado únicamente por su origen nacional”, denunció Victoria Miranda, abogada de LCR.
“Los agentes le confiscaron su tarjeta del Seguro Social y su autorización de trabajo, lo que indica que conocían su estatus legal en el momento del arresto. Esta brutal indiferencia por los derechos civiles ha dejado un trauma duradero, y los responsables deben rendir cuentas”, agrega.
La querella, presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, en inglés), es el primer paso hacia una demanda en un tribunal federal de distrito.
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