Las alertas de CGR por Presupuesto 2026: desfinanciado, con déficit fiscal y altas metas de recaudo
La Contraloría, que lanzó tres alertas, aseguró que el Presupuesto está atado a una reforma tributaria por 26 billones de pesos. Esto “introduce riesgos fiscales y presupuestales”.
Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.
La Contraloría elevó sus alertas sobre el proyecto de presupuesto para 2026, cuya discusión se dará esta semana en el Congreso. El ente de control elevó tres alertas que le preocupan de cara a la propuesta que presentó el Gobierno.
- Metas de recaudo tributario y bajos niveles de ejecución
El ente de control señaló que el recaudo tributario a corte de junio está por debajo de las metas que tiene el Gobierno en 12,4 billones. Es decir, ya hay un rezago importante, aunque se espera que se logre aumentar y acelerar en el segundo semestre del año.
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En cuanto a la ejecución del gasto, señaló que del total presupuestado solo se ha obligado el 37,7% a junio de 2025.
“De persistir esta tendencia en el gasto, se pueden presentar altos niveles de pérdidas de apropiación y de constitución de reservas presupuestales como sucedió en la vigencia pasada reflejando una falta de eficacia en el gasto público que no se traduce en bienes y servicios públicos tan necesarios para el desarrollo del país”, señaló el ente de control.
- Crecimiento del déficit fiscal
Dado que se espera que para 2025 se llegue a un déficit de 7,1% del PIB, superando los límites de la regla fiscal, el ente de control alertó que no hay “un esfuerzo real por contener el gasto público”.
“Aunque se mejora la gestión de la deuda, no se aprovecha esta oportunidad para reducir el gasto de funcionamiento o recortar ciertas inversiones o rubros no prioritarios. Esto pone en entredicho el compromiso del Gobierno con un verdadero pacto fiscal enfocado en la sostenibilidad a mediano y largo plazo”, expresó en un comunicado.
- Depende de una ley de financiamiento incierta por $26,3 billones
Finalmente, el ente de control reiteró que el presupuesto depende de una ley de financiamiento incierta por $26,3 billones, “lo cual introduce riesgos fiscales y presupuestales”.
En cuanto a los gastos, el 63% se destinará a funcionamiento, el 18% a servicio de la deuda y el 16% a inversión. El gasto de funcionamiento crece 11,1%, por encima del crecimiento nominal del PIB (6,3%), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto. Con respecto al pago del servicio a la deuda pública se encuentra que disminuye en términos absolutos, producto de menores pagos al FMI y operaciones de manejo de deuda.
