Petro negó que Gobierno haya solicitado a Nicaragua ampliar residencia de Carlos Ramón González

Tras conocerse un documento en el que la Embajada de Colombia en Nicaragua le habría pedido al Gobierno de ese país ampliar la residencia para Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el presidente Gustavo Petro, a través de la red social X, se pronunció.

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Ante la polémica que se suscitó tras lo revelado por Noticias RCN, el presidente Petro negó que el Gobierno Nacional haya hecho algún tipo de petición. Por eso, en un corto mensaje escribió: “El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.

Según lo revelado, Carlos Ramón habría recibido apoyo para ese proceso por parte del Gobierno Nacional el mismo día que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en ese entramado de corrupción.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio y que se renueve la residencia del compañero González, toda vez que la misma está para vencer el 14 de junio de 2025”, señala el documento que fue enviado por la Embajada de Colombia en Nicaragua al Gobierno de ese país. 

Por su parte, la excanciller Laura Sarabia enfatizó en que no participó, ni recibió información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, “circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, añadió a través de su cuenta en la red social X.

Delitos imputados a Carlos Ramón González

Cabe señalar que la Fiscalía General de la Nación imputó a Carlos Ramón González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

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Caso UNGRD: Fiscalía le imputó cargos a Carlos Ramón González por corrupción

“Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”, afirmó el fiscal Sandoval.

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El ente acusador también aseguró que, ante la premura con la que los congresistas exigían los recursos, González pidió a López modificar las entregas:

“Durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta a Iván Name por $3.000 millones en efectivo y a Andrés Calle por $1.000 millones en efectivo”, agregó el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, quien formalizó la imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

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