Juez imputó a la esposa de Pedro Sánchez por presunta malversación en el contrato de su asesora
El magistrado Peinado pidió en junio la imputación de Bolaños por malversación y falso testimonio tras haber prestado declaración en abril, pero el Tribunal Supremo rechazó investigar al ministro.
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su esposa Begoña Gómez (i). Foto: EFE. / Borja Sánchez-Trillo (EFE)
Un juez imputó este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación en la contratación de su asesora, también investigada por el mismo asunto, y citó a ambas a declarar en septiembre.
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Gómez estaba siendo investigada ya por el mismo magistrado, Juan Carlos Peinado, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo en su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Ahora el juez llama a declarar a la esposa del presidente del Gobierno español y a su asesora, Cristina Álvarez, quien ya lo hizo como testigo el pasado diciembre para dar explicaciones sobre varias informaciones periodísticas que aseguraban que dedicaba parte de su tiempo a ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense y otras actividades con empresas con las que colaboraba.
La investigación tendrá que centrarse, en si Álvarez “se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”, según un auto de la Audiencia provincial de Madrid.
Álvarez fue contratada en 2018, cuando el actual ministro español de Justicia, Félix Bolaños, era secretario general de Presidencia, organismo encargado de contratar a la asesora de Gómez.
El magistrado Peinado pidió en junio la imputación de Bolaños por malversación y falso testimonio tras haber prestado declaración en abril, pero el Tribunal Supremo rechazó investigar al ministro.
