Jueza de Barranquilla detiene concurso de la Fiscalía para surtir 4.000 cargos

Para el próximo domingo, 24 de agosto, 98.000 personas están listas para presentarse a un concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación para surtir 4.000 cargos que van desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante Tribunal de Distrito.

Sin embargo, a esta hora, es casi seguro que esos casi 100.000 aspirantes inscritos para presentar las pruebas de conocimientos en 32 ciudades se queden con los crespos hechos.

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La razón es una medida provisional ordenada en las últimas horas por una jueza laboral de Barranquilla, que determina suspender la aplicación de esas pruebas.

La historia es increíble porque, además, la propia jueza es aplicante al concurso.

El asunto empezó porque un abogado llamado Nelson Antonio Uribe Martínez presentó una acción de tutela pidiendo que la Fiscalía y la Universidad Libre, que evalúa el cumplimiento de los requisitos, lo incluyera en la lista de elegibles.

El tutelante argumenta que no le valieron como experiencia en el ejercicio del derecho el tiempo en el que se ha desempeñado como profesor de leyes.

Él sostiene que ser profesor de derecho es ejercer como abogado y la Universidad Libre, que no. Una interesante discusión, pero más interesante es la decisión que tomó la jueza de tutela, Amalia Rondón Bohórquez, juez novena laboral del Circuito de Barranquilla.

La jueza, sin que nadie le pidiera hacerlo, ordenó una medida provisional suspendiendo las pruebas en todo el país hasta que ella resuelva la acción de tutela del aspirante inconforme.

Se afectan 100.000 personas, sin que el tutelante pidiera eso. La señora jueza argumenta que la ley la autoriza para ordenar medidas oficiosamente cuando están en inminente riesgo derechos fundamentales.

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Hasta ahí, vaya y venga, una discusión jurídica de las muchas que vemos por estos días, pero es que hay más:

La jueza de tutela aspiraba a participar en el mismo concurso. El Reporte Coronell tiene copia del certificado de inscripción de la jueza Amalia Rondón, quien quería presentarse para ser fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito.

Como si fuera poco, la jueza que ordenó detener el concurso está en una situación muy similar a la del accionante de la tutela: la Universidad Libre no admitió todos sus certificados de experiencia.

En consecuencia, no fue incluida en el listado de elegibles y no podrá presentar la prueba escrita, porque el cargo al que aspira exigía 120 meses de experiencia, es decir 10 años, y ella solo tenía 118 meses. Por dos meses, la jueza de la tutela Amalia Rondón se quedó por fuera de la posibilidad de aplicar.

El asunto a discutir es si la señora jueza, en esas circunstancias, debería declararse impedida.

El Reporte Coronell conversó al respecto con el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo López.

Anoche, muy tarde, cuando me enteré de estos hechos que me obligaron a aplazar otro Reporte Coronell, le escribí un mensaje a la señora jueza Amalia Rondón invitándola a hablar con nosotros. Hasta ahora, no he recibido respuesta.

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