Legisladores de Florida calificaron como “victoria” fallo que ordena la libertad de Uribe

Legisladores estadounidenses de Florida celebraron este martes (19 de agosto) como una “victoria” la orden del Tribunal Superior de Bogotá para liberar al expresidente colombiano Álvaro Uribe mientras se resuelve en segunda instancia la condena en su contra a doce años en prisión domiciliaria por un caso de sobornos.

El senador Rick Scott, republicano de Florida, consideró “buenas noticias” la liberación de Uribe, pero señaló que “esta victoria es solo el comienzo”.

“Uribe siempre ha sido una fuerte voz a la fuerza de la libertad en Colombia y América Latina. Este fallo judicial es una victoria para la democracia y un paso hacia la restauración del estado de derecho en Colombia, ¡pero no podemos rendirnos hasta que la persecución política termine!”, escribió Scott en X.

Congresistas republicanos aplaudieron el fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió este martes “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejar sin efecto la orden de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La jueza había condenado al expresidente (2002-2010) a doce años de cárcel domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con lo que Uribe, de 73 años, se convirtió en el primer exmandatario de Colombia en recibir una condena penal.

La congresista María Elvira Salazar, representante de Miami, indicó que la liberación de Uribe deja “cada vez más solo” al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo partido la ha acusado a ella y a los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart de “acciones injerencistas” contra su Gobierno.

“¡Uribe libre, la verdad resiste! No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad. La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme”, opinó Salazar en sus redes sociales.

“Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia”, escribió entonces Díaz-Balart.

El caso comenzó en 2012 cuando el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no investigó a Cepeda y, en cambio, abrió una investigación a Uribe por manipular testigos para que no declararan en su contra e involucraran a su rival.

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