Dian responde a orden de arresto a director: “Es imposible cumplir directriz sobre nombramientos”
El director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, afirmó que “no se trata de falta de voluntad” sino que es “imposible”, pues están ordenando nombrar a personas que quedaron, en los últimos lugares, en lista de elegibles.

Luis Eduardo Llinás | Foto: DIAN
La Dian se pronunció sobre la orden que dio el Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el arresto por cinco días contra el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, y cuatro funcionarios de alto rango, por incumplir un fallo de tutela que ordena nombrar como funcionarios a quienes quedaron en la lista de elegibles del concurso de méritos realizado en 2022, en el que ofertaron 4.700 empleos, de lo que se han posesionado 4.270 personas.
La Dian señaló que en las plazas restantes no se han posesionado por diferentes novedades administrativas.
En contexto:
En cuanto a la lista de elegibles para vacantes no ofertadas en la convocatoria de 2022, la Dian afirmó que planeó nombrar a 1.617 nuevos funcionarios con este mecanismo y se posesionaron 1.391 y “se tiene previsto el ingreso de 1.652 personas más por órdenes judiciales”.
A ello agregó que las decisiones judiciales, ordenando nombramientos, desconocen la ley y generan riesgo para la institucionalidad.
“Frente a las recientes decisiones judiciales que ordenan la vinculación masiva de personas en listas de elegibles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales advirtió que son material y jurídicamente imposibles de cumplir y constituyen una invasión a las competencias legales de la entidad”, afirmó la Dian.
Agregó que los están obligando a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas de elegibles; a usar vacantes previstas en concursos futuros y a afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la Dian.
El director de la entidad, Luis Eduardo Llinás, lo explicó con un ejemplo: “un juez ordenó nombrar a un concursante que ocupó el puesto 330 de su lista y para ese perfil se ofertaron 53 vacantes. Cumplir esa orden implicaría nombrar primero a las 329 personas con mejor puntaje, algo imposible cuando solo existen 53 empleos en ese perfil”.
Además, la Dian advirtió que tendrían que desvincular a 395 funcionarios provisionales, arriesgándose a demandas millonarias contra el Estado.
“A ello se suma que los plazos fijados por los jueces (48 horas) desconocen los trámites legales y el debido proceso de los funcionarios afectados, algunos de los cuales son sujetos de especial protección constitucional”, resaltó la Dian.
Por eso le piden al Consejo Superior de la Judicatura que capacite a los jueces en la estructura administrativa y normativa de la DIAN, y a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que actúe como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al mérito.