Caso Carlos Ramón González: Las señales contradictorias de Colombia a Nicaragua
El embajador encargado de Colombia, quien pidió la extradición de González, vivió hasta la semana pasada en la misma casa con el prófugo.

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Carlos Ramón González y bandera de Nicaragua. Fotos: (Colprensa-Senado de la República) / Getty Images
El régimen de Daniel Ortega concluyó que la petición de extradición del prófugo Carlos Ramón González por parte del Gobierno de Colombia era una simple formalidad y que lo que realmente quería Colombia es que Nicaragua le concediera el asilo al exalto funcionario del gobierno Petro.
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La principal razón está a la vista: el embajador encargado, Óscar Iván Muñoz Giraldo, el funcionario que firma la petición de extradición a nombre de Colombia, vivía hasta la víspera de la solicitud en la misma casa con Carlos Ramón González.

En efecto, los dos hombres vivieron juntos hasta la semana pasada cuando aquí en El Reporte Coronell se hizo pública la circunstancia.
La casa que compartieron hasta el pasado viernes 15 de agosto cuando se conoció la situación, está ubicada en el Barrio Las Colinas, segunda entrada, a 100 varas del semáforo, en la nomenclatura urbana de Managua que, por tradición, contiene estas descripciones aproximativas.
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No es la primera vez que el encargado de negocios de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua, Óscar Iván Muñoz Giraldo, comparte techo con el “compañero” Carlos Ramón González, como él llama al fugitivo.
Antes, por un lapso de tres meses, habitaron en la residencia oficial del embajador de Colombia ante el régimen de Ortega, el hoy senador León Fredy Muñoz. Los tres compañeros ocuparon la mansión, pagada por los contribuyentes colombianos, ubicada en la Tercera Entrada de Las Colinas, número 12.
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Hay documentos que prueban que Carlos Ramón González vivió con los dos funcionarios de la Embajada de Colombia y usó hasta decir basta la camioneta Toyota Fortuner con placas diplomáticas destinada exclusivamente al servicio del embajador.
Cuando León Fredy Muñoz renunció para venir a ocupar la curul del Senado que dejó Humberto de la Calle, el otro Muñoz, Óscar Iván, una ficha del embajador por años, no tuvo más remedio que empezar a pagar arriendo, pero se fue de la residencia oficial con Carlos Ramón González a la casa rentada a unas pocas cuadras de allí.
Siendo embajador León Fredy Muñoz, no solo envió una carta a la Cancillería nicaragüense solicitando que se le concediera el ingreso a ese país al ya cuestionado por corrupción Carlos Ramón González, presentándolo como invitado personal del embajador de Colombia, sino que se reunió con el vicecanciller de Nicaragua para explicar la situación del “compañero”.


El 13 de diciembre de 2024, el embajador ofreció una recepción en la residencia oficial, la misma que compartía irregularmente con el hoy embajador encargado y con el procesado Carlos Ramón González.
En esa reunión, el embajador León Fredy Muñoz le presentó a Carlos Ramón González a la ministra del Interior de Nicaragua, Amelia Coronel Kinloch.
León Fredy Muñoz, sin consideración a que representaba al país, se unió a marchas del partido de Gobierno, luciendo gorras y pañoleta roja y negro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así hablaba cuando se integró a una manifestación partidista, algo expresamente prohibido a los diplomáticos:
Como consecuencia, recibió un llamado de atención de la Cancillería colombiana y la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación exhaustiva, de la cual no se ha vuelto a saber nada.
Por esos antecedentes, la carta de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Colombia manifestando su desacuerdo ante Nicaragua por el asilo del prófugo Carlos Ramón González fue leída por el régimen de Ortega como el simple cumplimiento de una formalidad.
Lo que resultó más cómico de la carta fue el párrafo que señala que el derecho de asilo no puede ser invocado por personas que han cometido delitos comunes o contra quienes se haya entablado acción judicial por esos delitos.

Colombia y su Gobierno no tienen ninguna autoridad moral para invocar ese principio. Hace apenas tres meses, en mayo, Gustavo Petro le concedió asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, un reconocido corrupto condenado por la justicia de su país.
Vale la pena recordar que Martinelli estuvo refugiado en la Embajada de Nicaragua en su país hasta que Colombia le concedió salvoconducto a la impunidad. Aquí llegó a celebrar ruidosamente el asilo.
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En el acuerdo de escape al asilo de Martinelli participaron los Gobiernos de Panamá, en manos del presidente martinelista José Raúl Mulino, el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua y el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia.
Años atrás, cuando Martinelli era presidente, le dio asilo a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, investigada por las “chuzadas”, una de cuyas víctimas fue Gustavo Petro.
Un claro ejemplo de que la conveniencia política siempre es más grande que la memoria.
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