Tribunal de Justicia ordena revisar plazos de detención de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez
El TSJ de Bolivia dispuso un plazo de 24 horas para verificar el cumplimiento de las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, principales acusados por la crisis política de 2019
La expresidenta boliviana Jeanine Añez, el 20 de septiembre de 2020 en La Paz, Bolivia. (Foto de Gaston Brito/Getty Images) / Gaston Brito
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este viernes verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, principales acusados por la crisis de 2019 en el país.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó por escrito a los titulares de los Tribunales Departamentales de Justicia que “procedan” a la “verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos” en contra de Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por el llamado caso ‘golpe de Estado II’ acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, pero también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria, mientras que Camacho y Pumari son los principales acusados en el caso ‘golpe de Estado I’, por la crisis postelectoral de ese año.
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El instructivo del Supremo señala que para cumplir lo dispuesto, “a través de los jueces que ejercen control jurisdiccional en cada uno de los procesos citados, realicen inclusive de oficio la revisión” de lo dispuesto y procedan a “resolver lo que en derecho corresponda”.
Áñez, que está en prisión desde 2021, destacó en sus redes sociales que “después de 4 años y medio” el TSJ “instruye actuar en derecho” y señaló que la Justicia, “liberada de la injerencia” del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y del Gobierno de Luis Arce, “debe restituir todos los derechos y las garantías” que fueron “conculcados”.
“No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”, indicó.
En 2019, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) dimitió y salió del país, asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de ese año que luego fueron anuladas.
La Fiscalía y el Gobierno acusaron a Áñez por proclamarse presidenta en 2019, tras la renuncia de Morales, vulnerando los reglamentos parlamentarios porque esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la exgobernante señaló que hubo un vacío de poder luego de la dimisión del exmandatario.
En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.
La política siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
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