Tribunal Superior de Barranquilla declaró ilegal enajenación de finca del ‘Ñeñe’ Hernández a la ANT
El terreno se encontraba embargado en Justicia y Paz, y no hubo autorización para su venta. El Tribunal compulsó copias penales, disciplinarias y fiscales para que se inicien las investigaciones a las que haya lugar.
Caso Ñeñe Hernández / imagen de referencia. Foto: Getty Images(Thot)
Barranquilla
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró ilegal la enajenación de la finca ‘La América’ del ‘Ñeñe’ Hernández a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según indicó el despacho, el terreno se encontraba embargado en Justicia y Paz, y no hubo autorización por la Magistratura para su eventual venta.
De acuerdo con la Sala de Control de Garantías del Tribunal, los bienes afectados en Justicia y Paz tienen como único fin indemnizar a las víctimas del conflicto armado no internacional y la Ley 2294 de 2023, “de ninguna manera permitió la compraventa de bienes embargados por esta Justicia Ordinaria Transicional”.
Con la decisión, quedó sin efectos la Resolución 158 del 30 de enero de 2025, por la que, la Unidad Administrativa Especial para la Reparación a las Víctimas (UARIV), autorizó la enajenación del predio ubicado en el municipio de Chimichagua, Cesar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Adicionalmente, se ordenó la cancelación de la anotación correspondiente a la inscripción de la compraventa efectuada entre ambas entidades.
El Tribunal también compulsó copias penales, disciplinarias y fiscales para que se inicien las investigaciones a las que haya lugar e invitó a la Fiscalía y la Procuraduría a conformar grupos especiales de trabajo que procuren la vigilancia y protección de los bienes destinados a la reparación judicial de las víctimas.
“INVITAR a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador General de la Nación y al señor Contralor General de la República para que, en el marco de sus competencias y de sus posibilidades, conformen grupos especiales de trabajo que procuren la vigilancia y protección de los bienes destinados a la reparación judicial de las víctimas del CANI”, señaló el despacho.
