Esta es la ponencia que pide sancionar a la campaña Petro por presunta violación de topes de gastos

En la mañana de este 26 de agosto fue radicada la ponencia que pide sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación prohibida y por violar los topes de ingresos y gastos de campaña.

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¿Quiénes podrían ser sancionados por presuntos topes en la campaña de Petro?

El documento, que iniciará su discusión el próximo 27 de agosto a las 9:30 de la mañana, pide multar a Ricardo Roa por más de $5.000 millones de pesos y también sanciona a otros sujetos procesales como Lucy Aydee Mogollón, tesorera de campaña; María Lucy Soto, auditora.

En tal sentido, se concluye la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de primera vuelta del Pacto Histórico fue por la suma de $3.709 millones, teniendo en cuenta los gastos reportados por la campaña, los no reportados y la confrontación de los mismos con los topes de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Mientras tanto, para la segunda vuelta, la violación de los topes habría sido por $1.646 millones. Según el CNE, se concluye en ambos casos tras el análisis de la información de ingresos y gastos presentada por la campaña de primera y segunda vuelta, en donde se relacionan facturas electrónicas por la prestación de servicios de transporte aéreo y de coordinación de testigos electorales.

¿Cuáles son las multas por violar topes en campaña?

El CNE definió multas para cada una de las presuntas irregularidades por cada una de las vueltas de campaña.

Por la financiación prohibida por parte de personas jurídicas, la multa es por la suma de $2.252 millones; por violar los topes o límites de ingresos y gastos, por la suma de $2.447 millones.

En el caso de la segunda vuelta, por la financiación prohibida, la multa es por $627 millones y por violar los límites de ingresos y gastos, por la suma de $596 millones.

¿Caducó el proceso contra la campaña Petro en el CNE?

Desde el pasado 30 de julio, la dirigencia del Pacto Histórico y por lo menos cuatro magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) defenderá que el organismo electoral ya no puede emitir sanciones administrativas sobre los procesados de la investigación a la campaña de primera vuelta del presidente Gustavo Petro. El argumento es que el proceso ya caducó.

El 29 de julio de 2025, según le confirmaron a La W, se habría vencido formalmente el plazo legal de tres años que tenía el CNE para pronunciarse sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña para la primera vuelta. El próximo 19 de agosto se vencería el proceso de la segunda vuelta.

Es de recordar que el 8 de octubre de 2024, el CNE formuló cargos a la campaña, y aunque ya transcurrió el tiempo para que los implicados presenten sus alegatos de conclusión, todavía los magistrados del caso, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, no han presentado a la sala plena la ponencia resolutiva, pero a tener el tiempo encima.

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Hay quienes señalan que hay que tener en cuenta otras variables para calcular la caducidad, por ejemplo, el tiempo que duró el Consejo de Estado dirimiendo las competencias del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara; el estudio de la tutela del jefe de Estado para que no lo investigara el organismo electoral; y las recusaciones en contra de algunas magistradas.

Pero desde el Pacto Histórico aseguran que por esos motivos nunca suspendió formalmente el proceso para los demás sujetos procesales, entre ellos el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial. Igualmente, contra Lucy Aydee Mogollón, tesorera de campaña; María Lucy Soto, auditora; Juan Carlos Lemus, auditor.​ Además, contra la Colombia Humana y la Unión Patriótica.

Así pues, la nueva discusión jurídica entre los nueve magistrados es que el CNE ya no podrá emitir decisiones sobre las inconsistencias en los informes de ingresos y gastos de la primera vuelta, que se celebró el 29 de mayo de 2022, pues ya no tiene competencia para imponer sanciones. Y Ricardo Roa y los demás ya no podrán rendir cuentas por los presuntos hechos.

Al menos cuatro magistrados, coincidirían en que pronunciarse a partir de hoy sería ilegal: Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Altus Vaquero. Igualmente, desde la dirigencia del Pacto Histórico ya están preparando un memorial para ser presentado ante el CNE y argumentar que el proceso caducó.

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