Preocupación en sector infraestructura por decreto que modificaría destinación de vigencias futuras

El gremio de los constructores de megaproyectos de infraestructura en Colombia ha advertido que la modificación de las vigencias futuras pondría en riesgo un modelo que ha permitido al país avanzar frente al rezago que tenía en materia vial y de megaproyectos de interés nacional, a través de las concesiones.

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), con este modelo de concesiones en los últimos 20 años se superaron “100 años de atraso en materia de infraestructura”, y se construyeron 10.000 kilómetros de vías y más de 100 puentes y 50 túneles.

La principal preocupación del sector es que, de aprobarse este decreto, daría facultades al actual Gobierno y a los siguientes de redistribuir las vigencias futuras para ejecutar proyectos de infraestructura vial. Para el gremio, esto pondría en vilo la financiación, en el largo plazo, de decenas de vías estratégicas para la conectividad nacional.

Así mismo, el presidente de la CCI advirtió que, si eventualmente existe una redistribución de las vigencias futuras, se verían afectados varios proyectos viales del actual Gobierno como la vía El Estanquillo – Popayán, que se estima que costará cerca de 6,2 billones de pesos. Según Caicedo Ferrer, el 97% de su financiación depende de esta fuente de recursos, lo que generaría desconfianza por los cambios en las reglas de juego y ningún oferente mostraría interés en la licitación de esta mega obra prevista para inicios del próximo año.

“El 97% de la financiación de esta obra El Estanquillo – Popayán depende de las vigencias futuras. Si el Gobierno quedara con la facultad de redistribuir las vigencias futuras, difícilmente lograrán llegar oferentes al proceso licitatorio”, señaló el presidente de la CCI.

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Por lo anterior, la Cámara Colombiana de la Infraestructura pidió tener en cuenta el control de advertencia enviado por la Contraloría General de la República, que señala que las vigencias futuras pactadas en los proyectos de concesión no se pueden modificar unilateralmente. Según esto, los funcionarios que modifiquen la destinación de estos recursos podrían incurrir en faltas disciplinarias y fiscales.

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