Directora de la ARN sobre recursos para sentencias de la JEP: “Se deben ejecutar este año”

Las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exintegrantes del Secretariado de las Farc y miembros de la fuerza pública estarían listas a mediados de septiembre, según lo confirmó la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller.

En diálogo con La W, Miller explicó que la entidad que dirige será la encargada de hacer operativas estas medidas de justicia restaurativa, que buscan reparar a las víctimas del conflicto armado.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, había adelantado que los magistrados ultiman detalles para la emisión de las sentencias, previstas para el 14 o 15 de septiembre.

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La directora Miller confirmó que la ARN ya cuenta con los recursos iniciales para comenzar a implementarlas: “El acuerdo que se hizo con el Ministerio de Hacienda es que esos 20 mil millones de pesos son para ejecutar este año, y esperamos que en 2026 se sumen más recursos para las siguientes sanciones”, indicó.

Los proyectos que se ordenen en las sentencias serán financiados a través de una cuenta especial de la ARN en el Fondo Colombia en Paz y podrían incluir iniciativas de desminado humanitario, construcción de infraestructura social y comunitaria, procesos de memoria histórica, reforestación y acciones de reparación colectiva concertadas con las comunidades más afectadas por la guerra.

“Tenemos ocho líneas de proyectos posibles, pero solo cuando se emita la sanción sabremos con certeza cuáles serán priorizados. Todo dependerá de las decisiones judiciales y de la concertación con las víctimas”, señaló Miller.

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La directora destacó que la labor de la ARN será garantizar la logística, la ejecución y el acompañamiento para que los comparecientes cumplan con las sanciones, así como asegurar que estos procesos sean reparadores y restaurativos.

“Nuestro rol es garantizar que las sentencias de la JEP se traduzcan en acciones concretas que beneficien a las comunidades”, afirmó.

Estas primeras sentencias representan un paso clave en el sistema de justicia transicional diseñado tras el Acuerdo de Paz de 2016, ya que por primera vez los máximos responsables de crímenes del conflicto armado deberán cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas privativas de libertad, bajo estricta supervisión judicial.

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