¿Endurecer penas a menores? Congreso debatirá proyecto para que paguen hasta 60 años de prisión

El menor de 15 años que disparó al senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, fue sancionado con 7 años de privación de la libertad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, celebró la decisión, pero aseguró que “esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.

Apropósito, han sido varias las reacciones desde el mundo político sobre esa sanción y de quienes piden reformar el régimen de responsabilidad de menores para que puedan tener hasta 60 años de prisión y ser penalizados bajo la Ley 599 de 2000 o el código penal normal. Precisamente, en el Congreso fue radicado un proyecto para que se endurezcan las sanciones para los menores entre 14 y 18 años que cometan delitos graves.

Al respecto, por los micrófonos de La W pasaron los representantes Piedad Correal, del Partido Liberal y una de las autoras del proyecto, y Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y presidente de la Comisión Primera de la Cámara, en donde se debatirá el proyecto.

“Se requiere necesariamente abrir el debate porque estamos viendo un incremento desmesurado de la comisión de diferentes (...) nuestro proyecto pretende que los menores sean judicializados con penas del código penal para delitos que tengan que ver con homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y una serie de delitos para los que las bandas criminales están utilizando a menores, precisamente, convenciéndolos de que no les pasa nada”, dijo Correal.

Aseguró además que las penas actuales “son irrisorias” y bajo este sistema a los menos “no les queda ni siquiera el antecedente; eso es perverso, porque no se compadece con el daño que se ocasiona y la justicia que reclaman las víctimas”.

Por su parte, el representante Gabriel Becerra, tildó la iniciativa de “populismo punitivo”. Incluso señaló que se está utilizando este doloroso evento “para políticamente tratar de recoger la rabia e indignación que se presenta en sectores de la opinión. Porque hay serias dudas sobre el proyecto”.

Becerra alcanzó a señalar que podría ser inconstitucional, pues no respetaría disposiciones fundamentales que el estado colombiano ha suscrito, como la Convención sobre los Derechos del Niños, que ha sido incorporada al bloque de constitucionalidad.

“Igualmente nos parece que es un proyecto que criminaliza la adolescencia y sobre todo a la adolescencia más vulnerable, jóvenes que no han tenido oportunidades”, dijo.

Ahora, según el proyecto, los jóvenes cumplirían su pena hasta los 18 años en centros de atención especializados y una vez cumplan la mayoría de edad pasarían a estar a cargo del INPEC.

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“Es que esos jóvenes precisamente continúan a cargo del Bienestar Familiar”, dijo Correal, y aseguró que no es inconstitucional “la convención no señala en ningún momento qué pena se debe imponer. Lo que habla la convención es que se le garanticen derechos, que aquí no se están tocando”.

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