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Gobierno radicó proyecto para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales

La iniciativa, presentada en la Cámara de Representantes, modifica parcialmente la Ley 1581 de 2012 e incorpora principios y definiciones sobre tecnologías emergentes y uso de algoritmos.

Bandera de Colombia. Foto: Getty Images

Bandera de Colombia. Foto: Getty Images / Manuel Augusto Moreno

El Gobierno presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca actualizar la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

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La propuesta fue radicada por las ministras Yesenia Olaya (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Diana Morales (Comercio, Industria y Turismo), junto con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

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De acuerdo con el texto, la iniciativa surge tras siete jornadas académicas coordinadas por la SIC y plantea ajustes normativos frente a los cambios en el tratamiento de datos ocasionados por la economía digital y el uso de nuevas tecnologías.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

  • Ámbito de aplicación: la norma aplicaría a cualquier tratamiento de datos realizado en Colombia, sin importar el domicilio del responsable.
  • Nuevas definiciones: se incluyen conceptos asociados al tratamiento automatizado, la elaboración de perfiles y la toma de decisiones basadas en datos.
  • Principios actualizados: se introduce el principio de responsabilidad demostrada y se refuerza el de transparencia.
  • Protección de menores: se permite a adolescentes mayores de 14 años autorizar el uso de sus datos, mientras que se mantiene la obligación de informar a padres, docentes y tutores. Se prohíbe la elaboración de perfiles de menores de 18 años con fines comerciales o que puedan afectar su desarrollo.
  • Bases legales del tratamiento: se amplían los supuestos que permiten el tratamiento de datos, más allá del consentimiento.
  • Fortalecimiento institucional: se asignan nuevas funciones a la Procuraduría y a la SIC para la vigilancia en el sector público y privado.
  • Sanciones: las multas podrían llegar hasta 10.000 salarios mínimos o un 5 % de los ingresos operacionales de la empresa infractora.
  • Transferencias internacionales: solo se autorizarán hacia países que ofrezcan garantías de protección adecuadas.

Según las autoridades, la propuesta busca mantener un marco regulatorio actualizado que responda a los retos de la economía digital y de los entornos tecnológicos, al tiempo que asegura mecanismos de protección para los ciudadanos.

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