Procuraduría pide a la SSPD indagar presuntos gastos indebidos en la gestión de Edwin Palma en Air-e
El ente de control remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos, información sobre supuestas irregularidades administrativas y financieras que incluyen el “pago sistemático a varios partidos de la Selección Colombia” y a eventos del Carnaval de Barranquilla.
Procuraduría pide a la SSPD indagar presuntos gastos indebidos en la gestión de Edwin Palma en Air-e / Sergio Acero
Barranquilla
WRadio conoció el auto en el que, la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios iniciar las investigaciones correspondientes sobre presuntas irregularidades en la administración de la empresa de energía Air-e, durante el periodo de intervención comprendido entre el 25 de octubre de 2024 y el 1 de marzo de 2025, bajo la dirección de Edwin Palma Egea, en su calidad de agente interventor.
En el documento, el organismo de control pide verificar supuestos manejos que fueron alertados a través de una denuncia y que podrían “comprometer la legalidad de las actuaciones realizadas, así como el adecuado manejo de los recursos públicos”.
Entre las situaciones que se mencionan y que fueron remitidas a la SuperServicios, se encuentra el supuesto “pago sistemático a varios partidos de la Selección Colombia” y a eventos del Carnaval de Barranquilla.
En lo que tiene que ver con los eventos deportivos, se detalla que, presuntamente, se habría cubierto gastos para boletas en zonas VIP para directivos y sus familiares, así como trasporte aéreo y terrestre, alojamiento en hoteles de alto costo, y alimentación.
Por otro lado, detallan “gastos de gran magnitud” durante el Carnaval de Barraquilla 2025, que incluyeron el alquiler de un balcón exclusivo en la carrera 44 con calle 68 en la Guacherna, el arriendo de un palco corporativo en la Vía 40, el pago de transporte y consumo de licor.
Todo lo anterior, mientras en la empresa intervenida, que opera el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira persistían las deficiencias financieras que llevaron a su toma de posesión por el Estado.
Finalmente, en el documento se mencionan “numerosos desplazamientos hacia ciudades como Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Bucaramanga y Valledupar, bajo la figura de misiones empresariales”, que presuntamente, carecían de objetivos técnicos o administrativos, y que asociaban gastos de hospedajes, alimentación, transporte y reuniones privadas en restaurantes de lujo, asumidos por la comercializadora.
“En virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones preventivas y de control de gestión que le competen a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de lo previsto en los numerales 1°, 2°, 5° y 7° del artículo 277 de la Constitución Política; en concordancia con dispuesto en artículo 23 de la ley 1755 de 2015, que le impone al Ministerio Público el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, me permito dar traslado de la queja de referencia, para que cumplimiento de sus deberes legales se revise la situación expuesta”, señaló la Procuraduría.
