¿Quién dejó sin comida a los niños? Gobierno y alcaldías se acusan por crisis del PAE

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), uno de los pilares de la permanencia escolar en Colombia, atraviesa una crisis crítica. Cerca de 492.000 niños podrían quedarse sin alimentación escolar y los responsables parecen no ponerse de acuerdo.

En entrevista con La W, el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera, responsabilizó a 47 entidades territoriales por haber reducido sus aportes en $420.000 millones, a pesar de que el Gobierno Nacional incrementó su inversión para este año.

“Hay 47 entidades territoriales que han venido desfinanciando el programa, por el orden de $420.000 millones (...) El Gobierno Nacional sí aportó $2,16 billones para esta vigencia, lo que representa un aumento respecto al año pasado”, explicó.

Rivera también señaló que 51 alcaldías y gobernaciones no ajustaron su aporte en términos reales, como lo exige la normatividad vigente.

“Este es un programa progresivo. Ninguna de las partes puede reducir los aportes. Es una obligación legal”, insistió.

Según el funcionario, el PAE dejó de ser centralizado en 2016 y desde entonces requiere cofinanciación.

“No es una decisión de este Gobierno. Desde hace años el programa lo ejecutan las entidades territoriales”, explicó. También aclaró que la Nación hace un enfoque diferencial: “A Bogotá, por ejemplo, solo le damos el 2 % del costo, porque tiene capacidad financiera. Pero en departamentos como Chocó o Amazonas, el Gobierno financia hasta el 100 %”.

Sin embargo, del otro lado de la línea, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, fue enfático en su crítica al Ejecutivo. Según él, el Gobierno Nacional ha transferido competencias, pero sin entregar recursos suficientes.

“Aquí lo que ha pasado es que la descentralización se ha hecho en materia de competencias, pero no de recursos (...) Todos los días se nos entregan mayores responsabilidades sin dinero para cumplirlas. Y eso afecta programas como el PAE”, señaló el alcalde.

Sánchez Perico también denunció que el Gobierno no ha presentado la Ley de Competencias, clave para definir los recursos que deben ir a los territorios. “Esa ley debió radicarse el 20 de julio. No se ha hecho. Y mientras tanto, seguimos cargando con más gastos”, afirmó.

El alcalde trajo otro ejemplo crítico: La obligación impuesta a los municipios para alimentar personas privadas de la libertad. “La discusión iba a ser entre sí se alimentaban los presos o los niños”, dijo.

En medio del cruce de responsabilidades, Rivera puso el foco sobre la planeación deficiente en algunos territorios. Según él, varias alcaldías cubren más niños de los que pueden con su presupuesto. “Es loable, pero irresponsable. Si se sobrecubre sin tener recursos, claro que no alcanza para los 180 días del calendario escolar”, advirtió.

Y agregó que el enfoque del Gobierno es claro: “Primero preescolar, luego jornada única, después ruralidad. Solo si se cubre eso con los recursos disponibles, se puede expandir”.

El conflicto se da en un momento en que la Contraloría General advierte que más de 3,5 millones de niños podrían quedar sin el PAE si no se cubre un déficit general que ronda los $500.000 millones. A la fecha, más de 781.000 estudiantes ya han tenido interrupciones en el servicio durante el año escolar.

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El Gobierno y los alcaldes coinciden en un punto: se necesita una ley clara que regule la distribución de competencias y recursos. Pero mientras esa norma no exista, los niños seguirán pagando las consecuencias.

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