Tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por el saqueo de la UNGRD
También decidió revocar la decisión de primera instancia que había anulado el delito de lavado de activos que le fue imputado a González y, en su lugar, lo incluyó. Ahora responderá por tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González —quien permanece prófugo de la justicia—, por su participación en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El magistrado ponente Jairo José Agudelo, de la Sala Segunda de Decisión Penal, también revocó la decisión de primera instancia que había anulado el delito de lavado de activos que le fue imputado a González y, en su lugar, lo incluyó. Ahora responderá por tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
“Revocar el ordinal primero del auto proferido el 3 de julio de 2025 por un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en función de control de garantías y, en su lugar, decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos en contra de CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, se lee en la decisión.
Investigación
Según la Fiscalía General de la Nación, González supuestamente le pidió al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, que entregara contratos por 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y por 10.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Camillo.
“Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”, mencionó el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, en medio de la imputación de cargos.
El ente acusador también aseguró que, ante la premura con la que los congresistas exigían los recursos, González pidió a López modificar las entregas:
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“Durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta a Iván Name por $3.000 millones en efectivo y a Andrés Calle por $1.000 millones en efectivo”, agregó el fiscal.
Decisión de primera instancia
El pasado 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario y ordenó la captura del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por el escándalo de la UNGRD. González salió del país y, al parecer, se encontraría en Centroamérica, concretamente en Nicaragua.
En el fallo de 63 páginas, el magistrado Leonel Rogeles Moreno avaló los argumentos planteados por la Fiscalía sobre que Carlos Ramón González representaría un peligro para la comunidad, debido a las acusaciones que se han vertido en su contra en torno a ser uno de los presuntos “cerebros” de la estructura criminal que buscó, supuestamente, comprar congresistas para favorecer la agenda legislativa del Gobierno.
¿Cuál fue la decisión judicial que se tomó en contra de Carlos Ramón González?
“Le asiste razón a la delegada de la Fiscalía, toda vez que los comportamientos por los cuales se formuló imputación a Carlos Ramón González Merchán revisten una gravedad manifiesta por el daño que ocasionan a la sociedad y, en especial, a la administración pública, el cual es demasiado alto, porque conlleva el corromper las instituciones encargadas de legislar en nuestro país y utilizar los fondos destinados para atender los riesgos y desastres naturales para satisfacer ese fin ilícito, lo cual implica la desinstitucionalización del Estado”, se consideró en la decisión de primera instancia.
En otro de los argumentos que fueron esbozados por el magistrado Rogeles para justificar la imposición de la medida de aseguramiento, se puso de presente el poder político que ostenta Carlos Ramón González, el cual le ha permitido estar en las más altas esferas del Estado por varios años.
“Cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político, a pesar de lo cual decidió delinquir, comprando la función legislativa de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, generando con ello daño a la democracia y a la institucionalidad colombiana, lo cual impone la necesidad de aplicarle medida de aseguramiento”, desarrolló el magistrado.
Asilo en Nicaragua
Aunque la Fiscalía pidió desde el 4 de julio a la Interpol que expidiera la circular roja contra el exfuncionario del Gobierno Nacional, aún no se conoce una respuesta.
Entre tanto, el Gobierno de Nicaragua le concedió el asilo a González, mientras avanza la investigación contra funcionarios de la Cancillería que, al parecer, participaron en las gestiones diplomáticas para solicitar el beneficio que lo mantiene prófugo de la justicia en Colombia.
Lea aquí la decisión del Tribunal Superior de Bogotá
