Terminan las mesas técnicas sobre UPC: Acemi cuestionó el cierre

Este 4 de septiembre concluyeron las mesas técnicas de revisión de la UPC 2021-2024, convocadas por el Ministerio de Salud en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional.

Durante esas jornadas, ACEMI presentó estudios que, según su análisis, evidencian un déficit estructural en la financiación del sistema de salud. Sin embargo, el Gobierno defendió la suficiencia de los recursos disponibles y descartó la posibilidad de hacer ajustes retroactivos a los cálculos de los años anteriores.

De acuerdo con la cartera de Salud, los valores reconocidos se fijaron con la mejor información disponible en su momento y modificarlos ahora sería “premiar la ineficiencia y la mala gestión”.

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También puso en duda la confiabilidad de los estados financieros presentados por las EPS, incluso sugiriendo que podrían haber inducido a error a la Corte Constitucional. El Ministerio, además, cerró la puerta a nuevos recursos, salvo los que provengan de aportes adicionales de trabajadores y empleadores.

ACEMI, en contraste, sostiene que negar la existencia del déficit equivale a desconocer una realidad que ya golpea a pacientes y prestadores. El gremio insiste en que por cada $100 reconocidos a través de la UPC, las EPS gastan en promedio $109 en la atención en salud, lo que genera un déficit acumulado que oscila entre $26 y $33 billones. Según la asociación, detrás de estas cifras hay miles de colombianos que esperan tratamientos, medicamentos y procedimientos que hoy corren el riesgo de no ser garantizados.

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El gremio también rechazó que se cuestione la transparencia de la información financiera, recordando que las EPS son vigiladas de manera permanente por la Superintendencia de Salud y la Contraloría. En su comunicado, advirtió que poner en duda estos reportes no solo deteriora la confianza institucional, sino que aplaza decisiones urgentes para proteger la sostenibilidad del sistema.

Finalmente, ACEMI aseguró que continuará defendiendo ante los órganos de control y la Corte Constitucional la necesidad de construir una metodología clara y consensuada que permita calcular de manera transparente los costos reales de la atención en salud. A su juicio, el cierre del debate ordenado por la Corte sin reconocer la evidencia técnica es un retroceso que mantiene en vilo a millones de pacientes en Colombia.

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