Universidad pública contratada para concurso de jueces y magistrados delegó su tarea a particulares

El 20 de diciembre de 2019 se firmó un multimillonario contrato entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019 para que esta última diseñara, estructurara y desarrollara el curso-concurso para los aspirantes a ocupar las vacantes de jueces y magistrados de todas las especialidades a lo largo y ancho del país.

El concurso ya cumplió cinco años en proceso y aún está lejos de terminar, pues sus diversas etapas han sido objeto de denuncias, críticas y acciones judiciales que han dejado en suspenso a los aspirantes.

La unión temporal que se llevó el contrato por más de 14.000 millones de pesos está conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y una empresa privada registrada como E Distribution SAS, entidades que, al parecer, de la administración judicial permitían cumplir con las exigencias técnicas requeridas para el operador del contrato como lo son “que el operador cuente con trayectoria académica en el Derecho y amplio reconocimiento y experiencia en temas de formación a través de plataformas virtuales”, que la entidad contratada sea una institución de educación superior con acreditación de alta calidad, y que dicha universidad cuente con “un centro de investigación socio jurídica y profesionales altamente cualificados, con el conocimiento en las distintas especialidades a fin de brindar y apoyar la construcción y ejecución del proceso de formación inicial”.

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Sin embargo, La W conoció una carta firmada por el director jurídico de la UPTC, Javier Andrés Camacho, en la que reconoce que ningún profesor o empleado de la universidad participó en el diseño, planeación, implementación o evaluación del curso-concurso de la rama judicial.

En ese mismo sentido, Camacho respondió que “ninguna de las personas vinculadas a los grupos de investigación adscritos a la facultad de derecho participaron en el desarrollo del objeto contractual” relacionado con el concurso de la rama judicial. ¿Cuál era entonces el papel de la Universidad en el desarrollo del contrato?

La respuesta está en un contrato de prestación de servicios que la unión temporal firmó con la empresa E Training SAS en junio de 2020, seis meses después de haberse asegurado el contrato con la judicatura, y a través del cual el contratista se comprometía a ejecutar el contrato que la unión temporal había firmado con el Consejo Superior de la Judicatura “de conformidad a los lineamientos y metodología establecidos por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, tales como modificaciones contractuales y/o terminaciones anormales”.

En pocas palabras, se cedió el contrato inicial. La Unión Temporal se comprometía a pagar a E Training SAS más de 8.400 millones de pesos.

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Según el contrato firmado inicialmente entre la judicatura y la unión temporal, subcontratar o ceder la ejecución del contrato estaba prohibido, por ende el hecho de que E Training SAS haya estado haciendo aquella labor estaría completamente por fuera de las cláusulas estipuladas en el contrato.

Empero, desde el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su escuela judicial, respondió en el pasado mes de abril que en su labor de seguimiento al contrato que ejecuta la unión temporal Formación Judicial 2019 se ha garantizado el cumplimiento del mismo.

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La W pudo establecer que, por cuenta de los retrasos e inconvenientes que se han presentado en el desarrollo del concurso de la rama judicial, el contrato que inicialmente se firmó por un monto de $14.000 millones, ya asciende a $21.000 millones.

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