“Fue completamente organizado con gastos reservados”: mayor (r) Julio Parga sobre ‘falsos positivos’

Montería

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició este 15 de septiembre con una de las dos audiencias públicas programadas en la ciudad de Montería, donde más de 10 comparecientes revelaron detalles del macabro plan conocido como ‘falsos positivos’ en el país.

El primer hecho en el que se exigió aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad para comenzar el proceso dialógico no sancionatorio, es el de cuatro hombres que fueron cruelmente asesinados el 4 de abril del año 2007, en el corregimiento Cuturú, perteneciente al municipio de Caucasia, Antioquia. La masacre se registró por parte de uniformados del Gaula Córdoba, bajo el mando del mayor (r) Julio César Parga Rivas.

Las víctimas fueron identificadas como Gregorio Rafael Cáliz Contreras, César David Pertuz Martínez, Sergio Luis Talaigua Padilla y Armando Rafael Domínguez Rodríguez.

“Fueron asesinados en el marco de una operación ficticia, ejecutada por integrantes del Gaula Córdoba. Las víctimas fueron reclutadas mediante engaños y falsas ofertas laborales”, se reveló por parte de la JEP.

“De acuerdo con el reconocimiento ante la JEP del teniente Antonio Rozo Valbuena, oficial responsable de la misión táctica, el plan consistió en simular la vinculación de las víctimas a un grupo paramilitar”, se precisó.

Según el relato de la JEP, en palabras de Rozo Valbuena, “el gancho fue decirles que se iban a vincular con los paramilitares, se les entregó dotación y armamento, se vistieron, colocaron sus equipos y arrancamos hacia un sector donde estaban los otros esperando y los ultimaron. Así, cuando llegara la Policía Judicial, todo parecería un combate; chalecos, camuflados, fusiles AK -47 en zonas de paramilitares”.

“Los cuerpos fueron reportados oficialmente como una banda de extorsionistas dados de baja en enfrentamientos. La Fiscalía General de la Nación concluyó que la operación fue una simulación diseñada para mostrar resultados operacionales y responder a las presiones institucionales por bajas en combates”, reveló la JEP.

“Todo se hizo directamente planeado por mí, el teniente Arias y el teniente Rozo, cada uno en un rol específico, en el que el comandante directo daba todos los suministros para que se pudieran ejecutar. Antes de que esos seres humanos salieran de algún sitio en el que fueron perfilados, fueron llevados al sitio determinante que nosotros ya habíamos puesto como específico para hacerles padecer, para quitarles la vida; pero no tenían nada que ver con el conflicto armado”, puntualizó el mayor (r) Parga.

“Eso no se hace porque fue algo esporádico, eso fue completamente organizado, con dineros de gastos reservados y siempre hubo un contacto directo con los oficiales, tanto el de inteligencia como el operativo, en cómo íbamos a desarrollar el procedimiento y cómo lo íbamos a ejecutar”, agregó.

Sobre el caso de las cuatro víctimas, Parga aseguró que “no tengo mayor precisión, Rozo puede dar mayor veracidad y algo puntual”.

Pese a lo establecido, en este caso, los uniformados en retiro Parga y Rozo fueron señalados como máximos responsables.

En esta primera diligencia, el mayor (r) Parga reconoció que bajo su mando, cerca de 40 personas habrían sido asesinadas en el marco de la macabra práctica.

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Más diligencias programadas en Córdoba:

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP convocó del 15 al 26 de septiembre estas audiencias públicas de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad para iniciar el proceso dialógico no sancionatorio y hacer seguimiento al régimen de condicionalidad a un total de 71 comparecientes citados, quienes pertenecieron al Gaula Córdoba y al Batallón de Infantería No. 33 ‘Junín’. Estos comparecientes “no fueron seleccionados como máximos responsables en una desaparición forzada y 28 asesinatos presentados como bajas en combate, entre 2006 y 2008”.

“Los comparecientes convocados no fueron seleccionados por esta Jurisdicción como máximos responsables; sin embargo, están vinculados a 14 hechos cometidos en los municipios de Montería, Los Córdobas, Tierralta, Chinú, Sahagún, Canalete y Ciénaga de Oro, en Córdoba; así como en Caimito, Sucre; y en Caucasia, Antioquia”, precisó la JEP.

Asimismo, se informó que en la semana del 15 al 19 de septiembre la Sala de Definición abordaría nueve hechos en los que habrían participado 31 comparecientes del Gaula Córdoba. “Y, del 22 al 26 de septiembre, se abordarán cinco hechos restantes en los que estuvieron involucrados 40 comparecientes que integraron el Batallón ‘Junín’”.

“Estos 71 comparecientes transitan la Ruta No Sancionatoria, el mecanismo mediante el cual la JEP busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de cerca de nueve mil comparecientes que no son considerados máximos responsables de crímenes en guerra o de lesa humanidad. Para acceder a este mecanismo no sancionatorio los comparecientes deben garantizar los derechos de las víctimas haciendo aportes exhaustivos y detallados a la verdad, reconociendo su responsabilidad en los hechos que corresponda, contribuyendo con acciones restaurativas de carácter simbólico y comprometiéndose con la no repetición”, concluyó la JEP.

Según los datos de esta jurisdicción, a la fecha se habría resuelto de manera definitiva “la situación jurídica de 144 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado”.

Las diligencias continuarán el 16 de septiembre en la ciudad de Montería, a partir de las 8:30 a.m.

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