Laberinto de la salud: 22 fiscales investigan casos de corrupción denunciados en W Radio

La Fiscalía General de la Nación priorizó la investigación revelada por los periodistas Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás, de W Radio, sobre los laberintos de los dineros de la salud, en la que se descubrió cómo recursos del Estado habrían tomado diversas rutas impulsadas, al parecer, por grupos de poder político.

En particular, el ente acusador tiene bajo la lupa la administración de los recursos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Para ello, se abrió una noticia criminal que dio lugar a una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la cual avanza en dos líneas de investigación:

1. Presunto interés en la celebración de contratos de salud de privados de la libertad a través de Fiduprevisora.

W Radio conoció que, para ello, se ha recopilado información documental sobre cómo habrían incursionado en la suscripción, al parecer indebida, de contratos.

1. Giros del Ministerio de Hacienda al Fomag para el pago de conciliaciones a prestadores del servicio.

Debido a esto, la Fiscalía solicitó a la Contraloría General de la República los hallazgos fiscales inmediatos. También requirió el recaudo de los contratos suscritos entre 2017 y 2023, así como la conformación de la junta directiva de Fiduprevisora en ese mismo periodo.

Siete modalidades de corrupción en el sector salud:

1. Sistema de salud: Fomag (regímenes de excepción para los docentes).
2. Alteración de la información de los usuarios, afectando el valor de la UPC.
3. Accidentes de tránsito fraudulentos o eventos catastróficos.
4. Cobros fraudulentos de medicamentos o de servicios no incluidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud).
5. Inversiones sin conexidad con la prestación del servicio de salud.
6. Alteración de información contable para mantener el margen de solvencia (caso de la Nueva EPS).
7. Corrupción en entes territoriales como gobernaciones, alcaldías y empresas sociales del Estado adscritas al Gobierno.

Este macrocaso ha sido priorizado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien comisionó a 22 fiscales, apoyados por investigadores expertos de la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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