Abren investigación a juez que dejó en libertad condicional a Emilio Tapia por caso Centros Poblados
La Seccional Atlántico entró a revisar de fondo la actuación de la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla por el caso de Emilio Tapia.

Emilio Tapia. Foto: Colprensa.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal a la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril concedió el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a una pena de 6 años y 4 meses, luego de un preacuerdo con la Fiscalía por el caso de Centros Poblados.
Caso de Centros Poblados que involucra a Emilio Tapia
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la juez, al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida, con base en varias normas, incluido el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la ley 190 de 1995. Este obliga a que las entidades públicas perjudicadas frente a delitos como los endilgados al contratista, se constituyan en parte civil dentro del proceso.
Con base en estas consideraciones, el 22 de abril de 2025, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para el inicio de una actuación disciplinaria; a comienzos del mes de mayo se ordenó la indagación preliminar y este 17 de septiembre, a partir de la información recopilada, se ordenó la apertura de una investigación formal, tanto por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
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Como es de conocimiento de la sociedad, Emilio Tapia fue señalado como ‘cerebro’ de la maniobra que, mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de 70 mil millones de pesos. Luego se extraviaron y que hacían parte de un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales el país.
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