Procuraduría vincula a directivos de Ecopetrol en investigación por contrato con Covington & Burling

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una indagación formal contra los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, quienes fueron señalados en el marco de las decisiones adoptadas alrededor de un contrato que hoy genera polémica.

De acuerdo con el auto expedido el 9 de septiembre de 2025, el órgano de control consideró necesario establecer si los dos funcionarios incurrieron en irregularidades disciplinarias cuando, en febrero de este mismo año, votaron a favor de suspender el contrato en cuestión. En esa misma providencia, la Procuraduría ordenó la práctica de nuevas pruebas, resolvió solicitudes presentadas por las partes y reprogramó la recepción de varios testimonios.

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El contrato bajo la lupa

El negocio que levantó alertas se firmó el 29 de agosto de 2024 con la firma Covington & Burling LLP. Inicialmente, el objetivo era medir los impactos reputacionales que podían derivarse de las investigaciones contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera. Sin embargo, el alcance del acuerdo se amplió posteriormente para incluir la revisión de comunicaciones internas de más de 70 funcionarios de la compañía, lo que encendió alarmas en el Ministerio Público.

Según el ente de control, las supuestas anomalías se habrían presentado desde la planeación hasta la ejecución del contrato CW207382. Entre los hallazgos más relevantes está la modificación de los términos mediante un “otrosí”, lo que provocó que el valor inicial de 875 mil dólares se elevará a 5,8 millones de dólares.

Otros altos cargos en la mira

La investigación no se limita a los miembros de la junta. El pasado 25 de junio, tras una diligencia de inspección en la sede de Ecopetrol, la Procuraduría vinculó a más directivos de la empresa. En la lista figuran Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento; Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información; y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento.

A estos se les señala de presuntamente retener información y ordenar la inspección de otros servidores de la compañía, incluyendo la recopilación de correos electrónicos, dispositivos de trabajo y documentos físicos y digitales de funcionarios y exfuncionarios enlistados en los reportes internos.

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Con estas nuevas actuaciones, la Procuraduría busca determinar el grado de responsabilidad de los directivos de la petrolera en la adjudicación y desarrollo del contrato que hoy mantiene bajo cuestionamiento a la compañía más grande del país.