Mikhail Krasnov seguirá en libertad; investigan si dio contrato para ‘callar’ a un detractor
Los elementos materiales probatorios indicarían que el mandatario habría amenazado al exgerente de Ecovivienda para que firmara un documento que lo eximía de las anomalías en la suscripción del contrato.
Mikhail Krasnov | Foto: Colprensa / Lina Gasca
El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se podrá defender en libertad mientras avanza el proceso en su contra por la presunta asignación irregular de un contrato de prestación de servicios al abogado Juan Sebastián Ramírez, con el supuesto objetivo de que retirara una demanda que pedía la nulidad de su elección en las urnas en 2023.
“Inicialmente, se firmó un contrato en febrero de 2024 por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos. Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal”, señaló la Fiscalía.
En la investigación se conoció que el mandatario presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.
- En contexto: Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue imputado por la Fiscalía, ¿de qué delitos se le acusa?
Por todo lo anterior, el alcalde de Tunja fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Cabe agregar que la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, y la exgestora social, Sara Catalina Pedraza, también fueron vinculadas al proceso.
La génesis del caso
El abogado Juan Sebastián Ramírez García demandó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, para que se investigara si estaba inhabilitado por haber firmado un contrato con la Universidad Pública UPTC en 2022, es decir, un año antes de su elección del 29 de octubre de 2023.
Según el abogado, el contrato que podía tumbar la elección del profesor ruso fue suscrito con la UPTC el 6 de diciembre de 2022, para la prestación de servicios, por lo que habría violado el numeral tercero del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que advierte sobre inhabilidades para celebrar este tipo de acuerdos con una entidad pública de manera directa, un año antes de la elección.
Recientemente, la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, lo destituyó e inhabilitó por 14 años.
