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Estados Unidos estudia expulsión gradual de antiguos narcotraficantes colombianos

Detención y potencial deportación de Guillermo Pérez Alzate enciende alarmas entre expresidiarios protegidos por convención contra la tortura.

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Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

Hace unos días el servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos, ICE, detuvo en Orlando, Florida, al colombiano Guillermo Pérez Alzate.

Pérez Alzate, un antiguo paramilitar y narcotraficante, estaba en libertad después de haber cumplido una pena por importar narcóticos a Estados Unidos. A ese país había sido extraditado como parte de un grupo de 14 paramilitares.

De acuerdo con el comunicado de ICE, Pérez es un asesino múltiple que confesó ser el autor de 29 homicidios y un narcotraficante que enviaba cocaína a Estados Unidos para financiar sus actividades paramilitares. Por esa razón fue condenado a 17 años de prisión.

Desde que quedó en libertad, Guillermo Pérez Alzate, conocido con el alias de ‘Pablo Sevillano’, tenía pendiente una orden de deportación expedida por un juez de inmigración.

No obstante, desde 2016 la orden de remoción y expulsión de Estados Unidos había sido pospuesta, año tras año, por dos razones:

  1. Porque el antiguo narcotraficante demostraba una conducta ejemplar. Desde su liberación Pérez Alzate fue un hombre respetuoso de la ley y usó su permiso de trabajo temporal para montar una panadería en la que además de laborar el mismo, le daba empleo a otras personas.
  2. Se consideraba que alias ‘Pablo Sevillano’ estaba en peligro inminente de muerte si era enviado a Colombia por lo cual fue cobijado bajo los beneficios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, CAT, que es una forma de alivio contra la deportación para personas que pueden ser sometidas a cualquier forma de sufrimiento físico o emocional si son enviadas a su país de origen.

¿Qué fue lo que hizo mal Guillermo Pérez Alzate que causó su arresto y el inicio de su trámite de deportación?

La respuesta es NADA. Siempre se portó bien. No se pasaba una señal de pare, no manejaba con un trago encima, pagaba a tiempo sus impuestos.

No fue la conducta del antiguo paramilitar lo que causó el inicio de este proceso, sino simplemente un ajuste de la política de deportación de Estados Unidos.

La administración Trump está revisando el estatus de todas las personas protegidas por la Convención contra la Tortura, CAT, y considerará caso por caso la posible deportación a su país de origen cuando consideren que el peligro ya ha desaparecido. O, incluso, el envío a terceros países si consideran que el peligro continúa vigente.

En situación similar a la de ‘Pablo Sevillano’ hay decenas de antiguos narcotraficantes colombianos que gozan de esa protección, pero que pueden ser deportados a Colombia –o a un tercer país que los acepte– en cualquier momento.

Algunos de los posibles afectados por la nueva política de Estados Unidos son:

  • Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’, antiguo jefe del cartel de los rastrojos
  • Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’ o ‘Pablo Arauca’.
  • Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, quien llegó a Estados Unidos extraditado en el mismo grupo de Guillermo Pérez Alzate.
  • Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, antiguo jefe de la Oficina de Envigado.
  • Mauricio López Cardona, alias ‘Yiyo’, quien ya fue detenido hace unas semanas cuando fue a renovar su permiso de estadía temporal.
  • Una fuente del Gobierno de Estados Unidos señaló que aunque existe una política general para ejecutar las órdenes de deportación pendientes, se estudiará cada caso en el momento del vencimiento del permiso temporal de permanencia y enfatizó que todo migrante, con antecedentes criminales, es candidato a la deportación.

En las operaciones para identificar a los potenciales deportables y establecer su ubicación hay un trabajo coordinado del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, que cuenta con una fuerza de tarea para estos efectos; el Servicio de Alguaciles, los marshalls, el Servicio de Rentas Internas, los impuestos de Estados Unidos, IRS, y desde luego el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE.

La aplicación de la Convención contra la Tortura, CAT, es discrecional y siempre existe la posibilidad de envío a un tercer país.

Bonus track

En las últimas horas se conocieron los puntajes de la prueba de conocimientos para ocupar el cargo de contralor de Bogotá.

El primer lugar lo ocupó Daniel Camilo Castilla Acosta, con 99 puntos. Castilla ha sido Procurador Delegado para la Función Pública y Procurador de Arauca, donde su labor ha sido objeto de controversia.

Hay un empate en el segundo lugar

Con 98 puntos está Juan Camilo Zuluaga, a quienes muchos identifican como el candidato del contralor general Carlos Hernán Rodríguez por haber sido su secretario privado y director de DIARI, uno de los brazos más poderosos de la Contraloría. Zuluaga es el autor de dos libros, hechos mayoritariamente por inteligencia artificial, como lo contamos aquí en El Reporte. El puntaje de esos libros será computado con el de este examen y hará parte del criterio para decidir.

También con 98 puntos está Luis Fernando Bueno, excontralor de Bucaramanga y profesional especializado de la Contraloría General, nombrado durante la administración de Pipe Córdoba.

Las dos siguientes en la lista, que podrían entrar por el cómputo final, son Verónica Peláez, abogada externadista y asesora externa de la Contraloría, y Ángela Cubides, actual contralora de Cartagena.

El Concejo de Bogotá decidirá entre los tres finalistas. Intuyo que si le preguntamos al ChatGPT nos dirá que el ganador va a ser su distinguido usuario Juan Camilo Zuluaga.

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