Procurador pide a magistrado Ibáñez que la Corte no se pronuncie sobre legalidad de consulta popular
El jefe del ente de control señaló que no están dados los presupuestos para que el alto tribunal analice el caso. Conozca los detalles.
Gregorio Eljach y Jorge Ibáñez. Fotos: Colprensa.
La Procuraduría General de la Nación solicitó, en documento dirigido al despacho del magistrado Jorge Ibáñez, que la Corte Constitucional se inhiba (abstenga) de pronunciarse de fondo sobre si el decreto de la consulta popular fue legal o no, aunque fue retirado por el Gobierno.
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Cabe recordar que el despacho del magistrado Ibáñez determinó que es válido que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de tal decreto, a pesar de que el Gobierno desistió del mismo.
En criterio del procurador Gregorio Eljach, no se cumple con el control que le corresponde a la Corte Constitucional conforme las facultades otorgadas por la Constitución. Es decir, que solo debe pronunciarse sobre la consulta popular por vicios de procedimiento y tras su realización, la cual evidentemente no ocurrió.
“La Procuraduría General de la Nación considera necesario recordar que mediante Sentencias C-180 de 1994 y C-150 de 2015, la Corte Constitucional dispuso que cualquier control constitucional previo a las consultas populares nacionales contrariaban la Carta Política” agregó el procurador Eljach.
El jefe del Ministerio Público, asimismo dentro de sus argumentos, también recordó que el decreto fue derogado por el Gobierno, por lo cual no hay decreto a controlar. Así las cosas, hay una carencia actual debido a que el mentado decreto está por fuera del ordenamiento jurídico y no existe.
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“La derogatoria obedeció a la aprobación de iniciativas legislativas que abordaban de manera integral los asuntos que se iban a someter a consideración del pueblo mediante el mecanismo de consulta popular, tornándola en innecesaria” indicó el jefe del ente de control.
