Procuraduría pide al Gobierno corregir “vacíos” en protección a oposición tras caso de Miguel Uribe

La Procuraduría General de la Nación en su séptimo informe de seguimiento al acuerdo de paz, presentó preocupaciones sobre las garantías de protección a la oposición tras el homicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay.

El ente de control cuestionó especialmente el papel de la Fiscalía y el de la UNP también, pidiendo mayores medidas y un seguimiento más estrecho.

“Se identificaron vacíos estructurales en las garantías de seguridad para la oposición, evidenciados en la entrega de información fragmentada e incompleta por parte de UNP y Fiscalía, sin incluir variables clave como afiliación política, pertenencia étnica o tipo de medida adoptada, así como en la ausencia de avances verificables hacia la implementación de un programa de protección específico establecido por la normativa vigente”, señaló el informe de 593 páginas.

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De acuerdo con el Ministerio Público, se constató una “débil capacidad de seguimiento interno para registrar riesgos y exigir medidas de protección lo que limita la anticipación institucional”.

Garantías de seguridad en los territorios y para firmantes de paz

En el documento de 593 páginas que fue presentado al Congreso de la República, la Procuraduría asimismo plasmó su preocupación por las garantías de seguridad para los reincorporados.

Lo anterior, al traer a colación los cerca de 80 asesinatos de firmantes de paz dentro del periodo analizado, frente a los que además no ha existido ni una sola sentencia condenatoria contra los responsables.

“De 79 casos de homicidio de firmantes de paz no hay ninguno con sentencia en el período de análisis. Los homicidios están geográficamente dispersos, con alta concentración en departamentos como Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Caquetá, Meta y Córdoba”, se lee.

Asimismo, se cuestionó la falta de una política de seguridad que mejore las condiciones en los territorios para líderes sociales y lideresas.

“La base sobre la que se construye el análisis en cada informe es la constatación de las condiciones de seguridad en los territorios, que lejos de mejorar, se han mantenido críticas o han empeorado, lo que pone en riesgo la vida de los firmantes de paz en reincorporación y los líderes sociales, y compromete la consolidación de La Paz,” dice el informe.

Asimismo, para la Procuraduría la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNSG) es más un “foro de discusión” que un espacio de acción. En ese mismo sentido plantearon que la recomendación de avanzar en cronogramas y metas claras sigue sin ser atendida.

“La conclusión subyacente en todos los informes es que la falta de garantías de seguridad efectivas representa una amenaza directa a la vida de los actores clave de la paz y compromete la consolidación del Acuerdo en su conjunto”, concluyó el ente de control.

Problemas de las drogas ilícitas y sustitución de cultivos

En materia de solución al problema de las drogas ilícitas, el ente de control expuso en su informe las falencias por ejemplo en el programa de sustitución, PNIS, así como el Plan de Atención Inmediata (PAI).

Para el Ministerio Público, hay serias falencias y ausencia de sostenibilidad del programa de sustitución tal como se planteaba en el Acuerdo de Paz.

“La atención brindada ha sido parcial y tardía, limitada principalmente a la entrega de subsidios condicionados a la erradicación, como los $12 millones que estuvieron distribuidos en seis pagos, y el proyecto de seguridad alimentaria por $1.8 millones” criticó la Procuraduría.

Asimismo, se reseñó falta de voluntad política para la creación del Programa Nacional de Intervención Integral Frente al Consumo de Drogas Ilícitas, puesto que se ha hablado mucho del acto administrativo que lo cree, pero ningún gobierno lo ha expedido.

En lo relacionado con erradicación de cultivos ilícitos, según el informe los resultados dejan un sabor bastante agridulce. Lo anterior en vista de que “no logra resultados significativos frente a las cifras de crecimiento de cultivos y la mejora en la eficiencia de producción que se presenta con estos cultivos”.

“Adicionalmente la disminución de presupuesto para operaciones militares de erradicación de cultivos de uso ilícito, que contrasta con el incremento de presencia de grupos armados ilegales en los territorios que tienen más

concentración de cultivos de uso ilícito, dificulta el éxito en materia de erradicación”, resaltó el Ministerio Público.

En este mismo punto, en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, el ente de control también solicitó fortalecer la planta de personal judicial para adelantar trámites más expeditos en lo tendiente a los procesos de extinción de dominio (apenas hay 79 fiscales y 27 jueces penales).

En materia de tierras, en lo relacionado concretamente con los temas de entrega y restitución, la Procuraduría expresó que persisten las falencias y desigualdades en la tenencia, aunque reconoció los esfuerzos del gobierno Petro en llevar adelante una reforma agraria.

Finalmente, sobre el desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ente de control en su informe detalló que, según su visión, existen aún importantes fallas en los proyectos de sanción que proponen los comparecientes, una menguada participación de las víctimas durante las etapas del proceso, y marcadas ausencias de articulación entre las entidades del Sistema Integral para la Paz (JEP y UBPD).

“Es evidente que aún se encuentran fallas en la coordinación entre las entidades del Sistema Integral para la Paz lo cual ha limitado la implementación territorial de los proyectos de sanción, la garantía de su sostenibilidad y su alineación con las políticas públicas existentes” añadió la Procuraduría.