Judicial

Caso Nicolás Petro: Defensa pidió a la fiscal general replantear la permanencia de Lucy Laborde

En una carta de cinco páginas, el abogado Alejandro Carranza pidió además celeridad en las denuncias contra la fiscal que llamó a juicio a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, le solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que replantee la permanencia de Lucy Laborde, en el proceso que se adelanta contra su cliente, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la misiva, el apoderado del hijo mayor del presidente criticó a la fiscal Laborde, quien el pasado 22 de septiembre se quejó mediante otra carta de las decisiones adoptadas por el ente acusador en el caso de Petro.

Una de esas medidas fue la asignación de una fiscal de apoyo, que según dijo, nunca pidió.

En la carta de Carranza se lee:

  • “Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional. Una cortina que pretende sofocar a las autoridades encargadas de escrutar sus actuaciones, para que no puedan ver lo que realmente se cocina en despachos que, en vez de estar consagrados a la persecución del delito y a la protección de las víctimas, parecen orientados a salvaguardar intereses particulares y a preservar testigos a cualquier precio”.

El abogado también señaló que resultaba curioso que la fiscal Laborde rechazara el apoyo de una funcionaria para la investigación, cuando en marzo ocurrió lo mismo y no presentó reparos.

Así detalló:

  • “Recibió apoyo técnico para enderezar una investigación desordenada tras varias audiencias fallidas. Entonces lo presentó como un alivio; hoy lo invoca como intromisión. La contradicción es clara: no se trata de autonomía desconocida, sino de un intento de convertirla en excusa para encubrir errores ya consumados”.

Cabe recordar que el hijo mayor del jefe de Estado enfrentará próximamente un juicio oral por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a las cuentas bancarias de Petro Burgos habrían ingresado 1.053 millones de pesos y habría recibido apoyo económico de empresarios de la Costa Atlántica interesados en financiar la campaña presidencial de su padre en 2022.

La tesis de la Fiscalía advierte que dichos recursos se habrían utilizado para comprar propiedades junto con su entonces esposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro.

Segundo proceso

Este miércoles primero de octubre, la fiscal Lucy Laborde le imputará nuevos cargos a Petro Burgos por su presunta participación en irregularidades contractuales en la Gobernación del Atlántico, que habrían beneficiado a la Fundación Consciencia Social.

Según la Fiscalía, tanto Petro Burgos como Vásquez Castro habrían tenido interés en intervenir en la asignación de contratos con el fin de favorecer a familiares y amigos.

El abogado Carranza también recordó que el presidente Petro ha expresado en redes sociales que, supuestamente, la fiscal Laborde estaría detrás de filtraciones a medios de comunicación y de apoyar la candidatura de Vicky Dávila.

Debido a esto, pidió a la fiscal Camargo que reconsidere la permanencia de Laborde en el caso.

  • “Si lo que ella (fiscal Lucy Laborde) invoca es la protección de su independencia, esa independencia debe asegurarse de manera coherente: que continúe únicamente en el caso de enriquecimiento y lavado, pero que cualquier otra investigación sea asumida por otros fiscales. De nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura (Ojeda) para asegurar impunidad a Daysuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes.  Esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”.

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