Corte Suprema critica a la Corte Constitucional por su manejo al caso de Bernardo Moreno

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuestionó en una dura carta el manejo que le está dando la Corte Constitucional al proceso del exasesor del gobierno Uribe, Bernardo Moreno, condenado por las chuzadas del DAS y la “Yidispolítica”.

Moreno acudió a una tutela, con el fin de revocar la sentencia en su contra por haber buscado torcer el voto de la congresista Yidis Medina para favorecer al gobierno, tutela que fue admitida y está en estudio por la Corte Constitucional.

• Lea también: El llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia a bajarle el tono a los discursos

La discusión en el asunto, que ha derivado en la fuerte comunicación de 8 páginas remitida por la Sala Penal al despacho del magistrado Juan Carlos Cortés de la Corte Constitucional, gira en torno a las últimas órdenes que dio el magistrado en medio del trámite de tutela.

Dentro de ellas, para la Sala Penal aparecen varias órdenes de pruebas polémicas, entre ellas, que solicitó concepto a instituciones privadas como el Colegio de Abogados Penalistas o universidades, para que se pronunciaran sobre teorías y conceptos penales que fueron usados por la Corte Suprema para condenar a Moreno.

Esto particularmente, fue duramente criticado por la Sala Penal al considerarlo como una intromisión a las decisiones de los jueces y sus fundamentos, que no tienen que ser validadas y calificadas mucho menos por agentes externos.

“Ello supondrá que la decisión judicial atacada, del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, será objeto de escrutinio, no estrictamente a la luz de la doctrina de la tutela contra providencias judiciales, sino de criterios de expertos particulares. Lo anterior no solo es indeseable en un Estado de derecho, sino que puede comportar afectaciones sensibles a la autonomía judicial y a la seguridad jurídica”, sentenció.

Asimismo, la Corte Suprema le recordó a la Corte Constitucional que las tutelas son escenarios para revisar vulneraciones a derechos fundamentales, pero no creadas para ventilar y someter a escrutinio los criterios de los jueces penales investidos y capacitados para decidir.

“Pervertir ese orden, como se hace en el auto que decreta nuevas pruebas, oficiosamente, en la revisión de tutela referenciada, significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía, porque, sin que se trate de evadir el control de las decisiones cuando en realidad haya lugar a ello y a través de los mecanismos legales, se está propiciando en la práctica que sean personas particulares o entes privados los que validen las decisiones del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, argumentó la Sala.

Los magistrados de la Sala Penal, en el cierre de su comunicación al despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, indicaron que esta situación resulta además como un grave precedente, el cual ven con preocupación de cara a futuros casos.

• Le puede interesar: Corte rechaza denuncia de Abelardo De la Espriella contra congresistas que apoyaron reforma a salud

Una fuente enterada de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la molestia que hay dentro de la Sala Penal por esta situación. “Las decisiones de los jueces no se someten a validación”, aseveró.

Escuche W Radio en vivo: