España comenzó los trámites para rescindir un contrato de balas con una empresa de Israel
El contrato con IMI Systems quedó sin efecto tras la negativa de importar munición, en el marco de medidas contra el genocidio en Gaza.
España e Israel. Foto de stock, Getty Images. / MicroStockHub
El Gobierno español ha iniciado los trámites para rescindir el contrato con la empresa israelí IMI Systems Ltd que iba a administrar munición para la Guardia Civil española por valor de 6,6 millones de euros.
La secretaria de Estado de Seguridad de España, Aina Calvo, ha firmado el acuerdo para iniciar el procedimiento de resolución del contrato por imposible cumplimiento, ya que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso, que depende del Ministerio de Economía, ya denegó en su día la solicitud de importación.
El acuerdo firmado, al que ha tenido acceso EFE, hace referencia al reciente real decreto, publicado el pasado día 23, por el que se adoptan en España medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
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La secretaria de Estado entiende que hay “una imposibilidad legal sobrevenida” para la rescisión, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel.
Esa imposibilidad -recalca el texto- “es objetiva y ajena a las partes, impide la ejecución del contrato en sus términos originales, no puede ser subsanada mediante modificación legalmente admisible y no genera responsabilidad patrimonial para el contratista, salvo que se determine lo contrario en el expediente”.
La adjudicación a la empresa israelí de ese contrato en dos lotes, uno por 4.464.900 euros y otro por 2.178.000 euros, se acordó el 21 de octubre de 2024.
Aunque la empresa comunicó que ya tenía lista una partida, el pasado 4 de agosto el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso denegó la solicitud de importación, de conformidad con el informe preceptivo y vinculante de la Junta Interministerial.
La duración del contrato finalizaba el 17 de julio de 2027.
En el acuerdo para iniciar su rescisión, la secretaria de Estado española propone la liquidación del contrato “en la cuantía de cero euros”, y entre otros puntos se estipula conceder al contratista un plazo de 10 días para que alegue lo que estime conveniente.
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