Con tambores de guerra entre dos altas cortes, revive la yidispolítica

Este domingo el Canal Caracol informó sobre un choque de trenes entre las dos más altas cortes del país.

La relación, generalmente buena, entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional se está complicando.

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La Corte Constitucional determina si las decisiones del ejecutivo y el legislativo se ajustan a la ley de leyes, es decir, a la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia de la justicia ordinaria y el tribunal de cierre de casi todas las sentencias.

Y digo casi todas porque, gracias a la acción de tutela, muchas sentencias que se creían cerradas terminan reabriéndose, como si existiera una tercera instancia.

Ahí está la manzana de la discordia.

De tiempo en tiempo, a través de una tutela, alguien pretende que la Corte Constitucional le enmiende la plana a la Corte Suprema.

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Nunca ha sido cómoda la situación, pero las altas cortes han ido armando un tratado de límites que ha funcionado en los últimos años. La Corte Constitucional generalmente no se mete en nada distinto al cumplimiento de los derechos fundamentales.

Así venían las cosas bien. Sin embargo, ahora muchos magistrados de la Corte Suprema están diciendo que un magistrado de la Corte Constitucional está metiéndose en sus terrenos.

El caso que los enfrenta es nada menos que la yidispolítica. Es decir, el proceso por la compra de los votos de congresistas para que aprobaran la reforma constitucional que permitió el segundo período de Álvaro Uribe.

Ese trámite corrupto de la reelección llevó a la cárcel a dos ministros, a tres congresistas y a dos secretarios generales de la Presidencia. Uno de ellos a Bernardo Moreno, quien fue condenado en todas las instancias por este delito. Moreno también está condenado por las chuzadas.

A estas horas de la vida, nadie pretende que Bernardo Moreno sea inocente. Ni él mismo.

Moreno, no obstante, puso una acción de tutela en la que alega que le condenaron cuando el caso ya está prescrito. Es decir que debía haber quedado inocente por vencimiento de términos.

La tutela contra la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema fue negada en primera instancia por la Sala Civil.

Moreno apeló y su acción de tutela fue negada en segunda instancia por la Sala Laboral.

Es decir, las tres salas de casación de la Corte creen que Bernardo Moreno debe seguir condenado y en detención domiciliaria.

Pese a esas decisiones, en junio de este año una sala de revisión de la Corte Constitucional escogió revisar la tutela dos veces negada.

El magistrado sustanciador es Juan Carlos Cortés. Curiosamente, él es uno de los miembros de la Constitucional más apreciados por la Suprema que lo nominó para el cargo.

Pero desde la semana pasada no lo están queriendo tanto.

Cortés expidió un auto solicitando pruebas sobre el caso contra Moreno.

Se nota que estaba un poco molesto porque en la Corte Suprema no le envío todos los documentos que pidió. En la Corte dicen que fue simplemente un problema técnico.

El auto de Cortés tiene su tonito, pero lo que realmente les molestó a los magistrados de la Suprema fue que el de la constitucional ofició a varias universidades pidiendo conceptos sobre 12 aspectos de la condena a Bernardo Moreno por la yidispolítica.

La invitación a las universidades no gustó nada en la Corte Suprema porque recientemente, y a raíz de otro caso muy sonado, ha quedado claro que algunos académicos pueden tener intereses como asesores jurídicos en los casos en los que escriben conceptos legales, invocando la condición de profesores.

Se hacen los docentes.

Algo más, la Corte Suprema señala que una sentencia final de juez no puede ser revisada por conceptos de terceros no jueces y lo consideran una afrenta a la independencia judicial.

Lo más seguro es que este ruido y la amenaza de choque se prolongue por varios meses porque la tutela de Bernardo Moreno no será resuelta antes de enero del año entrante.

Los magistrados a cargo de la decisión son Juan Carlos Cortés, Lina Marcela Escobar y Vladimir Fernández.

Es muy probable que el tema termine siendo decidido en la sala plena. La tutela no tiene la capacidad de dejar inocente a Bernardo Moreno, que no lo es, pero sí de armar una guerra entre las dos cortes.