Demandan a Donald Trump por prohibir ayuda a indocumentados con fondos destinados a víctimas
La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de EE. UU. que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. FOTO: Alex Wong/Getty Images
Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó una política del Gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe utilizar subvenciones destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La querella legal apunta a una reciente prohibición establecida por el Departamento de Justicia de EE. UU. que impone restricciones a los estados que reciben fondos federales para brindar servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.
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Esta restricción, denominada ‘costos no admisibles’, establece que los fondos de múltiples subvenciones, incluyendo los asignados por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), no pueden utilizarse para apoyar ni prestar servicios legales a ningún indocumentado o extranjero sujeto a deportación, con algunas excepciones limitadas.
En la demanda presentada hoy en Rhode Island, la coalición de estados demócratas alega que la prohibición viola la Cláusula de Gastos designada en la Constitución de los Estados Unidos.
También alegan que la medida le exigirá implementar a los estados procesos onerosos para verificar el estatus migratorio de todos los clientes antes de poder ofrecer los servicios.
El apoyo legal proporcionado por los fondos de VOCA y VAWA incluye ayuda para presentar denuncias policiales y órdenes de protección; solicitar indemnizaciones y asistencia con las visitas de los padres, entre otras.
“La Administración Trump continúa impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo en un comunicado el fiscal General de California, Rob Bonta, que hace parte de la demanda.
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El fiscal indicó que “la nueva y vaga condición” del Departamento de Justicia obligaría a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios, sabiendo que aún podrían incumplir las exigencias y acabar en la mira de la Administración Trump.
“Ojalá el presidente Trump dejara de crear problemas donde no los hay y centrara su energía en políticas que realmente reduzcan la delincuencia y protejan la seguridad pública”, agregó Bonta.
Además de California, la demanda fue presentada por New York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
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