Fundación Cordoberxia denuncia otro ataque contra un líder social en el sur de Córdoba
Según lo informado, se trataría de Víctor Ochoa, quien resultó ileso en medio de la acción criminal.
Fundación Cordoberxia denuncia otro ataque contra un líder social en el sur de Córdoba. Foto: Cordoberxia.
Montería
A través de la red social X, la Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos, denunció otro ataque contra un líder social en el sur de Córdoba. Se trata de Víctor Samuel Ochoa Álvarez, quien resultó ileso en medio de la acción criminal registrada este 3 de octubre.
“Hace unas horas fue víctima de atentado a tiros contra su vida el activista y defensor de derechos humanos Víctor Ochoa, integrante de nuestra organización. El hecho ocurrió a la altura del puerto de Uré, en la vía que conduce de Puerto Libertador a Montelíbano, por fortuna, ningún impacto alcanzó su humanidad”, reveló Cordoberxia.
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“Advertimos que en lo que va corrido del año 2025, tres integrantes de nuestra plataforma de derechos humanos han sido objeto de atentados contra su vida”, agregó.
Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades para que se brinden garantías a los líderes del departamento, especialmente quienes aspiran a ocupar la curul de paz por esta sección del país.
“Exigimos garantías integrales para proteger la vida de nuestro compañero, quien ha venido recibiendo amenazas reiterativas, todas puestas en conocimiento de la Fiscalía. Víctor, además, es precandidato a la #CITREP (Cámara Especial de Paz) en el sur de Córdoba”, agregó Cordoberxia.
Frente a lo ocurrido, las autoridades establecieron que adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho. Por lo pronto, precisaron que ya se realizó la respectiva inspección al vehículo que presenta los impactos y la entrevista a la víctima, quien manifestó que desde hace dos semanas ha estado promoviendo sus labores de campaña política en el municipio de Puerto Libertador.
Según datos oficiales, en Córdoba habría un registro de 83 líderes sociales amenazados y, según defensores de derechos humanos, solo un 10% contaría con esquema de seguridad.
